La diputada provincial venadense Paola Bravo (Frente de Todos) ha formulado declaraciones periodísticas en las que resalta que “es necesario aclarar” lo ocurrido en el “patrullerazo fácil” que terminó con la vida del joven Lucas Cabral. Para tal cometido, ha propuesto públicamente la creación de una Comisión Legislativa Investigadora como “una herramienta para llevar mayor transparencia y tranquilidad a la familia”.
En las mismas declaraciones, la parlamentaria se manifestó en favor de “erradicar por completo la violencia institucional” y “llegar a tener una sentencia ejemplificadora”. (La Capital – La Región – 15.08.2020). Todo bien hasta allí, y mas allá de nuestro fundado escepticismo respecto de la utilidad y eficacia histórica de estas comisiones, merecería de nuestra parte un reconocimiento explícito a tal proposición.
Pero la diputada Bravo remata sus declaraciones aludiendo al nefasto derrotero de “la santafesina” bajo caracterizaciones distorsionadas, antojadizas e impregnadas de un claro oportunismo político. Ello acontece cuando pretende limitar -arbitrariamente- la política estatal represiva a “los últimos 10 años”, y ocultar el involucramiento del estamento político municipal en el asesinato del hijo de nuestra compañera Ana Braghieri, Clemente Arona.
Guiados por un profundo sentimiento de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA nos proponemos responder a dichas declaraciones.
En primer lugar, resaltamos que ante el asesinato de su hijo Clemente, Ana Braghieri no corrió con la misma suerte de recibir alguna muestra o señal de “acompañamiento” estatal. Todo lo contrario. Le refrescamos a la señora diputada que el partido/alianza política a la que pertenece solo le dedicó infamias, escarnio y amenazas contra su persona y contra sus compañeros de vida y de militancia.
Eran los tiempos del gobierno de Jorge Obeid. El “turco” había confiado su política de seguridad al teniente coronel José Berhnardt, un cuadro de élite de la inteligencia militar que revistó en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en Buenos Aires, en el año 1982. Y al mismo tiempo, en la misma área reclutó como “persona de confianza” al suboficial del Ejército Nicolás “Teté” Correa, integrante de las patotas del Servicio de Inteligencia del Ejército, miembro del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, luego “premiado” con un puesto en la SIDE.
“A mi no me consta que Bernhardt y Correa hayan sido represores”, dijo el entonces Ministro de Gobierno Roberto Rosúa. “No sé de dónde sacan esos datos, no son las referencias que yo tengo”, sentenció quien era Jefa de la Policía Provincial, Leyla Perazzo (señalada por sobrevivientes como encargada de “disponer” -en plena dictadura militar- el destino de niños arrebatados a desaparecidas y desaparecidos).
También eran los tiempos del gobierno municipal de Roberto Scott. Siempre hemos denunciado -hasta el hartazgo- que la causa judicial iniciada por el asesinato de Clemente contiene las “huellas digitales” que prueban el involucramiento del poder municipal venadense. A 48 horas de sucedido aquel otro “patrullerazo fácil”, un
colaboracionista de la dictadura militar, el Dr. Juan Alberto Vidal, asumía como abogado defensor del autor del crimen, el agente policial Roberto Mandelli.
Este cómplice del Vicealmirante Desimoni, ejercía funciones como Secretario de Gobierno del municipio venadense, y explicitaba con su proceder el interés político del círculo íntimo del gobierno municipal por defender la hipótesis del supuesto “accidente” y de licuar la responsabilidad criminal de “la santafecina”. Este abogado videlista continuó conformando el plantel de funcionarios municipales, aún en tiempos de la gestión de “Poroto” Freyre.
El “sheriff” Scott hizo gala de su emparentamiento con la “doctrina Blumberg” con la apología de la mano dura y de la Tolerancia Cero. No olvidamos su pública defensa al jerárquico policial Sergio Barguetto, removido de su cargo por una acusación sobre apremios ilegales. Alguno de nosotros lo denunciamos penalmente por sus dichos amenazantes contra Ana Braghieri y sus compañeros de lucha. Fue cuando en una entrevista radial dijo: “Les dije que me habían regalado dos pistolas 9 milímetros y que tenían 18 tiros cada una, con lo cual les comenté que errando mucho se podían volver en un remis”.
Y fueron los tiempos de una (in)Justicia promotora de la impunidad mas lascerante, que no solo declaró la prescripción de la acción penal en contra de los asesinos imputados y procesados, sino que al fallar hablaron de un Clemente “adicto a la velocidad” y casi corresponsable de su muerte.
En correlato con estos falsos argumentos para una trama de impunidad político-judicial, otra perlita para destacar fue la “honorable” participación que le cupo al representante legal de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Carlos Aimo.
En sus alegatos cargó contra Clemente culpándolo de “entrar en el juego y darse a la fuga a bordo de un ciclomotor de tremenda aceleración y desaceleración”.
Y fue mas lejos aún: le reprochó a Ana “la existencia de algún cargo de conciencia por no haberlo educado como se debía, o por no haberle dado el amor y el lugar que todo hijo merece..”.
Por toda esa impunidad acumulada, descreemos. Por una institucionalidad degradada, descreemos. Y cuando hablamos de degradación, Diputada Bravo, nos referimos al parentesco sanguíneo de la Policía provincial con la economía del gran delito y con la represión despiadada sobre sectores vulnerados. Referimos -concretamente- a las patéticas imágenes de un Jefe Regional de mas de 70 fiscales y un Fiscal de grado procesados y encarcelados por encubridores, coimeros y facilitadores de delitos.
La (in)Justicia de Venado Tuerto no es una excepción: hemos asistido por estos días a un proceso legislativo de investigación tramitado sobre la sospecha de vinculaciones del Fiscal Mauro Blanco con algún dealer del narcotráfico.
Y por sobre todo, referimos a una palmaria descomposición política.
Y dejamos muy en claro, que no advertimos “grieta” entre las políticas pro impunidad y criminalizadoras ejecutadas por su partido/alianza política, y las defendidas por la “buena gobernanza” progresista durante 12 años.
Tenemos muy presente a Miguel Lifschitz y su gobierno promoviendo el desembarco de la jefatura de Carabineros de Chile para “exportar el plan de seguridad chileno a Rosario”.
También a un exultante Pullaro twiteando: “Con carabineros de Chile tenemos una semanade intensa actividades. Mañana unidad Regional Rosario y por la tarde Base TOE”.
O la convocatoria del gobierno de Bonfatti a Elías Soae Freue, un especialista israelí en seguridad que durante 30 años trabajó como policía en Israel, llamado para capacitar a los jóvenes agentes de la Policía Comunitaria de Rosario. Un personero del sionismo experto en inteligencia, guerra psicológica y aniquilamiento de comunidades palestinas tuvo la bienvenida y los halagos de la “progresista” Fein por su programa Multipol (involucramiento de los sectores populares en las prácticas mas aberrantes del sigilo, la vigilancia y la delación vecinal).
La tan machacada “grieta” se diluye ante la total adhesión del progresismo a los desembarcos de “Súper” Berni y su Gendarmería (con chamamé incluido), a las declaraciones de emergencia en seguridad y a la activa “coordinación unitaria” con la ex ministra Bulrich en las políticas de inteligencia, represión y criminalización promovidas bajo el rótulo de “guerra al narcotráfico”.
Por todo lo narrado es que nos vemos obligados a contradecir y refutar sus afirmaciones. Las políticas de represión, control y disciplinamiento no poseen “10 años” de existencia. No se puede invocar políticamente el asesinato de Clemente Arona sin poner en la mira a sus autores intelectuales, todos compañeros partidarios suyos.
Seguiremos confiando en la fuerza y la mística que imprime la dignidad de un pueblo movilizado exigiendo Juicio y Castigo. Ayer por Clemente. Hoy por Lucas Cabral. La vida reclama.
Agosto 2020
PRIMERAS FIRMAS.
Andrés M. Sarlengo (Docente, periodista – Venado Tuerto)
Héctor Dodi (Militante popular – Venado Tuerto)
Padre Salvador Yaco (Parroquia Santa Catalina – Capitán Bermúdez)
Lisandro Brusco, Sol Morell (Movimiento Amplio de Izquierda – M.A.Iz.)
Mauro Testa (Cátedra Popular de DDHH “Luciano Arruga”)
Mónica García (Casa de la Memoria – Rosario)
“Beto” Olivares (Abogado patrocinante de Ana Braghieri)