En sesión extraordinaria del Concejo desarrollada en la mañana de hoy se aprobó por unanimidad la modificación presentada por la concejala Liliana Rostom, a la Resolución 4278/12 que solicita a las autoridades ejecutivas Municipales, Provinciales y Nacionales exhibir y/o difundir información e imágenes en tamaño real de las personas oriundas de Venado Tuerto con pedido de detención y/o prófugas.
Cabe recordar que en el 2012 se había aprobado la normativa, también presentada por la legisladora de Nuevo Horizonte, pero nunca se había implementado. Así según la justificación que se emitió desde el Municipio fue que era imposible cumplir con la resolución, ya que en su primera versión no aclaraba que solo se debía exhibir las imágenes de personas provenientes de nuestra ciudad, y por lo tanto era imposible hacerlo con los todos los que estén en esa condición en todo el país.
Lo cierto es que hoy en el Concejo a pesar de la “cara larga” de varios ediles y en el medio del debate por el tema inseguridad, se aprobó por unanimidad el cambio respectivo y quedó firme la polémica normativa.
De este modo en su primer artículo sostiene: “solicitase a las autoridades ejecutivas Municipales, Provinciales y Nacionales, dispongan en sus reparticiones públicas con asiento en nuestra ciudad, exhibir y/o difundir información e imágenes en tamaño real de las personas con pedido de detención y/o prófugas y/o cuyo paradero sea requerido por la justicia local, tengan o hayan tenido domicilio o residencia conocidos en la ciudad de Venado Tuerto”.
Y finalmente en su último artículo dispone: “encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ministerio de Seguridad de la Provincia, al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, la articulación de las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución”.
Seguidamente aclara que el procedimiento se llevará a cabo por acciones coordinadas y articuladas entre la Justicia local y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, quien deberá requerir a la Justicia local la información pertinente, ello en cumplimiento de las nuevas políticas de seguridad local.