En la sesión del Concejo Municipal de ayer, un fuerte debate se formuló en torno a la denuncia penal que realizó la pareja estafada por un supuesto gestor municipal. Cabe recordar que estos vecinos reclamaron ante el cuerpo legislativo que una persona con influencia en las oficinas municipales los habría estafado en 5.400 pesos al encargarse de la gestión de un permiso para la conducción de remises, que finalmente no les fue otorgada. Según interpretaron los ediles (tanto opositores como oficialistas) cuando recibieron la carta donde se describía su situación, ellos debían intervenir en el caso o al menos investigar, ya que en la denuncia se mencionaba al secretario de Gobierno Sergio Druetta, que era citado como conocedor de la situación de la pareja afectada durante la marcha del "trámite" para la licencia.
El concejal radical Carlos Díaz Vélez solicitó que se vote un proyecto de resolución donde se disponga todo el material concerniente a este caso a la Comisión de Investigación y Control del poder legislativo, integrada por Cesar Merino (PRO), Gustavo Giner (P.J) y el mismo Díaz Vélez. La propuesta fue rechazada por el oficialismo junto a Meier y Merino, siendo apoyada solo por el autor y el socialista Vernetti. Finalmente se llevará el asunto al Plenario de Concejales y será estudiado por la Comisión de Gobierno, quitándole el carácter de urgente que el proyecto proponía.
La bancada oficialista no acompañó la propuesta argumentando que la situación ya está siendo investigada desde el seno de la Municipalidad, más específicamente por el área de gobierno (justamente la sección cuestionada). Gustavo Giner acompañó la decisión de su partido, recordando que en su gestión como Secretario de Gobierno de Scott recibió una “denuncia por mala distribución de 1.400 bolsones de los planes trabajar en el año 98” (que finalmente aparecieron en una basural), y que los propios funcionarios en ese momento se auto investigaron y resolvieron el asunto, sugiriendo que en este caso se aplique la misma medida. Germán Mastri siguió la misma línea, sugiriendo que no se puede aplicar la propuesta de Díaz Vélez cada vez que se presenten este tipo de denuncias sin tener otro aval que vaya más allá de una simple sospecha.
Bibiana Pieli, por su parte, interpretó que la Ley Orgánica de Municipalidades no permite que el Concejo tome medidas en este tema, ya que la persona denunciada no es empleado municipal, dejándolo fuera de su órbita del acción; pese a que en las anteriores sesiones la legisladora reconoció que este “gestor” (al que calificó como “muy prepotente”) tiene influencia dentro del palacio municipal y que varios vecinos ya lo habían denunciado en otas oportunidades ante ella misma.
En cierto momento la discusión entre oficialismo y oposición derivó en interpretaciones personales que tuvo cada edil del encuentro que mantuvieron en el Concejo con los denunciantes hace pocos días, por lo que Fabián Vernetti reiteró su pedido de grabar y dejar sentado en actas este tipo de reuniones en cierta forma informales que los legisladores sostienen.