El fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real. En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal.
Se tratan de unos 1.000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización. “Este es monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsables de aportarlo con su patrimonio.
“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años”.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos.
Señaló además que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani “debieron soportar que sus testigos desmintieran las acusaciones” y que se trató de “un escandaloso show plagado de irregularidades”.