El nuevo Gobierno nacional comenzó ayer la revisión de los nombramientos masivos de empleados públicos que concretó el kirchnerismo en los últimos años. Debe recordarse que el crecimiento de los plantas de empleados en los distintos distritos llevó a que en 12 años de gobiernos K, se prácticamente duplicase la cantidad de empleados estatales. Argentina tiene hoy, según cálculos extra oficiales, 4 millones 200 mil empleados públicos, o sea el 10 por ciento de la población total del país cobra un sueldo del Estado, sea municipal, provincial, nacional o lentidades autónomas como las Universidades Nacionales, que en algunos casos, como en la UNR, gasta el 97 por ciento de su presupuesto en salarios.
La necesaria depuración comenzará por evaluará 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos (2500 que ya son efectivos). Un total de 75.000 designaciones altamente sospechosas, la tarea estará a cargo del ministerio de Modernización, encabezado por Andrés Ibarra. No será la primera vez que el macrismo se enfrente con este desafío. El propio Ibarra ejecutó un plan similar en la gestión porteña, que culminó con 2000 contratos que no se renovaron.
Según las palabras del ministro, estos casos serían particularmente gaves, por lo que en primer paso para determinar la “legalidad” del empleo público se ejecutará sobre los 24.000 empleados que tenían contrato hasta el 31 de diciembre. El Gobierno extendió por tres meses más su relación laboral para evaluar su desempeño.
Este primer grupo está compuesto por los contratos celebrados en los últimos tres años, mientras que a otros 40.000 empleados transitorios -pero con más antigüedad- se les extendió el contrato por un año más, período en el que también se analizarán sus tareas en el Estado.
La iniciativa de la nueva presidencia generó la pronta reacción de los gremios que representan a los empleados públicos.
Desde la todo poderosa Unión Personal Civil de la Nación (UPCN-CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) advirtieron sobre las consecuencias que tendría el anuncio que ayer hizo el ministro de Modernización.
“No hay ñoquis en el Estado“, afirmó en reiteradas oportunidades el titular de UPCN, Andrés Rodríguez durante una entrevista con radio La Red. El sindicalista apoyó la intención del Gobierno de “revisar” los contratos, pero advirtió: “Está bien evaluar el desempeño de los trabajdores, pero no queremos que se utilice a los trabjadores como variable de ajuste”.
Ayer Ibarra había declarado:”Nos llama la atención que la cantidad de contratos creció mucho, por eso vamos a revisarlos. No vamos a poner ningún tema ideológico de por medio“.
El promedio de contratos a empleados públicos del kirchnerismo aumentó con el paso de los años. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se celebraron 2056 contratos promedio, pero ese número se elevó a 7840 en los últimos tres años, informaron desde Modernización.
“Tenemos que clarificar si efectivamente están trabajando, qué tareas están haciendo, dónde están sus puestos de trabajo. No podemos hacer un Estado moderno y fuerte si primero no tomamos las medidas de ordenamiento necesarias”, afirmó Ibarra. Y agregó: “Vamos a realizar un trabajo serio y profesional en los próximos meses. Si consideramos que no corresponde, esas personas no seguirán trabajando en el Estado”.
“Lo que pasó en los últimos tres años fue muy particular. Creemos que pudo haber habido intencionalidad política del kirchnerismo”, sostuvo un macrista que participará del proceso.
En los primeros expedientes revisados, el Gobierno detectó una tendencia de nombramientos masivos de personal no médico en hospitales nacionales. Según informaron fuentes oficiales citadas por los medios capitalinos, las nuevas autoridades analizarán con especial atención los casi 3500 nombramientos que se hicieron en el hospital Posadas durante los últimos tres años.
Se trata, justamente, de una de las instituciones más problemáticas. La ex presidente Cristina Kirchner ordenó su intervención en abril y desde ese momento es conducido por Domingo Latorraca, un hombre cercano al ex intendente de Morón Martín Sabbatella, que actualmente resiste en la Afsca.
Evaluación de desempeño
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que el análisis sobre los primeros 24.000 empleados públicos se realizará “caso por caso” y que será ejecutado por las oficinas de recursos humanos de las distintas dependencias. Habrá una evaluación de desempeño. “Cuando se entera, la mayoría que está en falta ni se presenta”, advirtieron fuentes oficiales.
Horas después del anuncio, el ministro Ibarra recibió ayer la primera advertencia. La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios mayoritarios de la administración pública, anunció un paro nacional con movilización para el martes próximo.
Hugo Godoy, secretario general del gremio, afirmó que los trabajadores precarizados “son una prioridad” para el sindicato y manifestó una “gran inquietud y preocupación porque el Gobierno no genera espacios de diálogo”.
“Nos oponemos a que la principal preocupación sea la caza de fantasmas o militantes, porque no importa cuánta sea la cantidad ni su militancia, lo que importa es si los trabajadores realizamos la tarea como corresponde”, sostuvo Godoy.
Entrevistado por La Nación, el titular de ATE insinuó que quedaba abierta la puerta para cancelar el paro de la semana próxima si el oficialismo convoca a los sindicatos. “Necesitamos el diálogo de manera inmediata”, exigió. El ministro Ibarra aclaró que está previsto el encuentro con los estatales, pero advirtió: “Vamos a convocarlos a conversar, pero trabajamos con agenda propia”.