Mientras el Congreso debate el futuro político Julio De Vido, el Gobierno presentó pruebas a través de la Oficina Anticorrupción (OA) para desbaratar la estrategia defensiva de del emblemático ex titular del mega-ministerio creado por Néstor Kirchner frente a la causa más fuerte y de la que logró escapar: la masacre de Once, en la que murieron 51 personas. También busca demostrar su complicidad en otras causas, como la multimillonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal.
Debe recordarse que estando De Vido como imputado, su defensa argumentó que él era un mero ministro “coordinador” y “político”, pero no quien ejecutaba las medidas ni quien firmaba las resoluciones.
Según trascendió hoy, la Oficina Anticorrupción (OA) -como querellante en el caso- presentó un escrito de 256 páginas, en el que solicitó que el tribunal produzca cientos de pruebas nuevas.
Nuevamente, el privilegio informativo fue del diario oficialista La Nación, quien accedió al escrito conducido por la ex diputada radical y dirigente vinculada a Laura Alonso. El texto sostiene que existió un “andamiaje administrativo” y un modus operandi tendiente a “disimular” la intervención de De Vido en los procedimientos vinculados a la política ferroviaria.
El escrito de la OA -presentado durante la etapa de ofrecimiento de pruebas que abre el tribunal oral antes de fijar la fecha del juicio- requiere que los jueces incorporen 14 causas que involucran a De Vido “a los fines de contextualizar debidamente el caso en una perspectiva integral”. Entre esos expedientes figuran el caso de los subsidios al transporte, el de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y la causa de los supuestos desvíos de Vialidad Nacional.
Otra medida solicitada apunta a la normativa interna elaborada por el ex Ministerio de Planificación durante sus primeros dos años de existencia. Según señalaron en la OA, el ministerio de planificación “generó una estructura administrativa tendiente a generar un blindaje sobre el ministro”.
En este sentido, la OA pidió al tribunal que le solicite a la Sigen las auditorías sobre el sistema ferroviario “y la copia de remisión de los mencionados informes al ex ministro de Planificación”, para probar que el entonces funcionario kirchnerista conocía la vulnerabilidad de los trenes.
Para demostrar el rol de De Vido, la OA pidió el organigrama del otrora ministerio y listó una serie de procesos que tuvieron la intervención directa del ex ministro kirchnerista. En el mismo sentido, solicitó que la CNRT entregue los expedientes del área ferroviaria que fueron remitidos directamente al “área ministro”.
Más causas
Otra tanda de pruebas busca comprobar la vinculación de De Vido con Claudio Cirigliano, ex titular de TBA. “Solicitamos que el Ministerio del Interior remita la totalidad de los registros de reuniones y audiencias de cualquier naturaleza que hubiese mantenido De Vido con los directivos del grupo TBA”, señala el escrito de la OA.
Por último, el organismo de control solicitó un amplio peritaje con cruces de llamadas y registros informáticos. Requirió que los trabajos sean encargados al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad, un organismo que ya se ocupó de otras investigaciones sensibles, como el cruce de datos de los casos vinculados al Lava Jato.
La causa de Once
El caso Once es el más sensible y avanzado contra De Vido. En 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a 21 de los 28 acusados por el accidente. Entre otros, a Claudio Cirigliano, y a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Junto a su fallo, el tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control del transporte, ya que había sido excluido de la primera investigación.
El juez de instrucción del caso, Claudio Bonadio, dio por probado que De Vido sabía del mal estado del ferrocarril Sarmiento, lo procesó y elevó a juicio oral el segundo tramo de la causa. Durante la etapa de ofrecimiento de pruebas, que culminó el viernes pasado, hicieron sus peticiones las querellas que representan a los familiares de las víctimas. El fiscal federal Juan García Elorrio, en tanto, pidió que declaren unos sesenta testigos y también reclamó que se haga una instrucción suplementaria.
De Vido, por su parte, pidió un juicio “con jurados ciudadanos”. Su abogado, Adrián Maloneay, reclamó: “Queremos que se conozca que nuestro cliente no ha tenido la oportunidad de tener un proceso respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal”. Reclamó “una sentencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades coyunturales de un gobierno”.