Es la segunda vez que el kirchnerismo remuevo con argumentos falaces a un juez subrogante que tramita casuas “delicadas” para reemplazarlo con un magistrado afín
El juez federal Daniel Rafecas quedó a cargo de la denuncia penal de la diputada nacional y precandidata presidencial Elisa Carrió contra la presidenta Cristina Kirchner por el caso. En la causa también quedaron involucrados la camarista Ana María Figueroa y los consejeros de la Magistratura que votaron el desplazamiento de Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal.
Carrió presentó hoy la denuncia en los tribunales de Comodoro Py 2002 por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y encubrimiento”, y el sorteo de la Cámara Federal eligió a Rafecas, con participación del fiscal Gerardo Pollicita.
Son los mismos funcionarios judiciales que intervinieron en la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Fernández y otras personas -como el canciller Héctor Timerman- por un supuesto encubrimiento de Irán en el ataque a la AMIA.
El caso
La remoción de Cabral se produjo cuando la Sala de Casación que integraba debía pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del tratado que se firmó con Irán y que fue clave para Nisman para sustentar la denuncia contra la jefa del Estado.
El fiscal Pollicita entendió que había que abrir una investigación penal para analizar la denuncia de Nisman, pero Rafecas rechazó esa posibilidad, en un fallo ratificado por las instancias superiores y severamente criticado por la oposición.
Ahora, Rafecas fue sorteado para intervenir en la denuncia que presentó Carrió junto a la legisladora porteña Paula Oliveto Lago, contra Cristina Kirchner, la camarista de Casación Ana María Figueroa y consejeros de la Magistratura Julián Alvarez, Gabriela Vázquez, Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Ruperto Godoy, Pablo González y Jorge Candis.
La Denuncia
La denuncia es por la decisión del Consejo con “siete votos de los consejeros designados por el Frente para la Victoria” para “dar por finalizada la subrogancia del juez Luis María Cabral”, y en cuyo lugar “se nombró a un conjuez allegado al Gobierno en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal”.
Según el texto, “de la misma manera, y por similar procedimiento, fueron nombrados otros dos conjueces en el fuero de Casación para reemplazar a los magistrados Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, quienes son titulares del tribunal pero ocupaban dos vocalías vacantes” y “no puede soslayarse que los dos conjueces nombrados son tres funcionarios altamente vinculados al Gobierno”.
“Vázquez -añadió- será quien intervenga en causas sensibles y comprometedoras para el gobierno como las públicamente conocidas como “Hotesur” -la empresa de titularidad de la Presidente Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia- o la determinación de la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, entre otras”.
Y dijo: “existen elementos para concluir que la intromisión indebida del Poder Ejecutivo y la intervención realizada con la intención de controlar especialmente la Sala I de la Cámara de Casación formó parte de un plan meticulosamente armado”.
Detalló que ese plan fue “urdido mediante acciones y procedimientos” en donde se destaca el nombramiento por parte del PEN en 2013 “de diez conjueces para la Cámara de Casación Penal, todos afines a las ideas del partido de gobierno y de la agrupación ‘Justicia Legítima’ y una ley reciente que permite al Consejo de la Magistratura nombrar nuevos subrogantes.
Cabral “en sus fallos venía sosteniendo posiciones independientes a los intereses del partido de gobierno y su actuación era una amenaza para el Ejecutivo en causas muy sensible a la Presidenta y sus allegados”, sostuvo. Y por ello su desplazamiento “demuestra en forma palmaria el inadmisible avance de la política sobre la justicia”, concluyó Carrió