El senador Lisandro Enrico y el intendente Leonel Chiarella se caracterizan por realizar un culto de la denuncia pública contra presuntos delincuentes. Decisión que podríamos discutir, pero que no hay duda les ha dado rédito político. Además, ante la existencia de bolsones de impunidad, la colaboración de nuestros dirigentes, a prima facie, es un acto valiente y necesario. Claro que, cuando dichas denuncias provocan reacciones como las que vivimos los últimos días (amenazas varias), habría que comenzar a evaluar si no es atinado “bajar el volumen” y priorizar la pacificación. Es que nos encontramos a un paso de que algunas de las amenazas se vuelvan realidad. En nota anterior nos preguntamos: ¿Cuánto falta para que “un soldadito” de cualquiera de las bandas culmine pasándose de rosca?
Lo cierto es que primero fue Lisandro Enrico quien eligió desde sus comienzos en la política efectuar denuncias públicas y lo continúa haciendo ahora, por lo tanto, lo suyo no es oportunismo sino una forma elegida.
El mismo camino sigue Leonel Chiarella, quien comenzó con este tipo de denuncias cuando ejerció como concejal y ahora las realiza, con otra repercusión, desde su lugar de intendente de Venado Tuerto. De hecho, el episodio más fuerte al respecto ocurrió en ocasión de la apertura de las sesiones del Concejo del año pasado, donde en su discurso señaló con nombre y apellido a 17 presuntos delincuentes que gozaban de libertad. Casualmente, días después trascendió el desbaratamiento de un plan para atentar contra su vivienda.
También, vale la pena recordar que en dicho discurso el mandatario local realizó una fuerte crítica a los jueces a quienes les pidió que se comprometan con la sociedad y los instó a que “no sean cómplices de la impunidad“. Seguidamente, expresó “un fuerte hartazgo sobre la denominada puerta giratoria, esa figura que describe la captura de delincuentes y la falta de firmeza en los fallos judiciales que los devuelve a sus casas en cuestión de pocos días“. Paradójicamente, las amenazas posteriores y las actuales salieron de las unidades penitenciarias, ese lugar donde Chiarella le reclamaba a los magistrados que envíe a los presuntos delincuentes. O sea, encarcelar personas hoy no es una solución para que estos dejen de delinquir, si no hasta parece todo lo contrario. Es más, detrás de las rejas es donde se relacionan con pares y las organizaciones delictivas se complejizan. Por supuesto, esto sucede por un sistema penitenciario nacional y provincial corrompido que entre otras cosas permite (o facilitan) que los presidiarios utilicen celulares para ordenar distintas acciones delictivas, entre ellas las nombradas amenazas. Un dato no menor a tener en cuenta es que el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez (el máximo responsable de las cárceles provinciales) es el único funcionario que no fue eyectado de su cargo. Desde que Omar Perotti asumió la gobernación, ya fueron removidos tres ministros de Seguridad y varios jefes policiales, pero el responsable de las cárceles sigue ahí.
De todos modos, denunciar públicamente a personas que delinquen no es la función principal de un integrante de un poder ejecutivo o legislativo, aunque es algo que la población valora. Sí, lo es reclamar antes autoridades superiores (provinciales y nacionales), quienes son los verdaderos responsables de la seguridad de la población, políticas activas al respecto. O en todo caso, como gobierno local, llevar a cabo medidas posibles.
Y cuando nos referimos a medidas posibles no solo se trata de recurrir a recursos directos como instalar sistema de videovigilancia o guardias urbanas, sino también mejorar las condiciones de vida de los barrios. Iluminación, pavimentación de accesos, formación para la inserción laboral y actividades culturales; son algunas de las acciones atinadas, que vale reconocer, sostiene el Municipio de Venado Tuerto.
Es que una de las características del avance narco es que adquiere territorialidad y comienza a suplantar al poder del Estado en los barrios. Es decir, cooptan “soldados” en los espacios donde el Estado se ausenta. Por eso, no alcanza con implementar medidas directas de seguridad, también es necesario disputar el territorio ofreciendo a la población más vulnerable opciones de vida diferentes.
Así las cosas, con una coyuntura que se complica día a día, quizás sea el momento para que nuestra dirigencia baje el grado de exposición pública. Esto no significa dejar de realizar denuncias, más bien seguir haciéndolas, pero “en silencio” (sin publicitarlas). Al fin y al cabo, el objetivo se cumpliría de todas maneras.
Hoy, más que nunca, en un contexto de violencia creciente, es imperioso utilizar todos los recursos posibles para lograr la pacificación de la ciudad.