Cuatro horas después de que la Cámara Federal porteña reclamara una investigación “integral y completa” sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.
Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró “en comisión” la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.
El pedido de Marijuan llegó un día después de que la Sala II de la Cámara Federal -integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah- reclamó que “la investigación integral y completa” de la presunta operatoria de lavado de activos que habrían protagonizado Báez y Fariña, junto con el financista Federico Elaskar, el contador Daniel Pérez Gadín y el empresario Fabián Rossi, entre otros. Según los camaristas, el “éxito” de la investigación dependerá “del conocimiento más o menos parejo de la totalidad de las maniobras, puesto que resulta inapropiado su fraccionamiento por falta de progreso”, tal como hasta ahora se desarrolló la pesquisa, dividida por distintas operaciones locales -como la compra del campo de Mendoza- o internacionales, como la adquisición de otro predio en Uruguay o el supuesto envío de US$ 70 millones a distintas cuentas en Suiza.
El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.
Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando el diario La Nación publicó a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.
Con el fallo de la Sala II sobre su escritorio, Marijuan decidió avanzar sobre Báez, pero así también sobre el escribano que participó en la escrituración del campo mendocino, Martín Rosta, al que también pidió que se lo indague. Pero el listado de medidas que pretende completar antes de indagar a Báez es amplio. Incluye, entre otras medidas:
- Analizar los “antecedentes recabados” sobre Báez en más de una docena de expedientes judiciales en Buenos Aires, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia; entre ellas, por ejemplo, la que instruye el juez federal Julián Ercolini sobre una presunta asociación ilícita integrada por el ex presidente Néstor Kirchner, Julio De Vido, Báez, Cristóbal López y Ricardo Jaime, entre otros. De ésa u otras causas podría salir el “delito precedente” al lavado de fondos negros que investigan Casanello y Marijuan.
- Obtener más información desde Suiza sobre por lo menos tres cuentas bancarias que salieron a la luz de manera parcial gracias a los fallos de dos tribunales helvéticos que aludieron al “secuestro e inmovilización” del dinero depositado, “ya que podría tratarse de activos provenientes de actos de corrupción”.
- Pedirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para que “se trace un perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del período investigado, de Lázaro Báez y su grupo familiar y empresario”.
- Librar un oficio a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) para que informe qué vuelos comerciales y privados arribaron o partieron de la ciudad de Mendoza entre el 10 y el 20 de diciembre de 2010, cuando se completó la compra del campo en esa provincia, “y remita el listado de pasajeros correspondiente”.
- Que se pida a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA) y la UIF datos sobre la casa de cambio Maxinta.
- Que se ordene al Banco Supervielle que entregue “toda la información” que posea sobre el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que emitió por los movimientos millonarios de dólares que permitieron la compra de ese banco.
En Tribunales descuentan, sin embargo, que completar algunas de esas medidas de prueba resultarán un verdadero desafío, ya que a la luz de los antecedentes, la AFIP, la UIF o la Cancillería, entre otros organismos públicos, se han mostrado hasta ahora reticentes a colaborar con los requerimientos judiciales.