Tras la incertidumbre, Cristobal López se entregó a la justicia. El empresario que más hizo crecer su patrimonio durante el kirchnerismo se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de Retiro. Ayer por la tarde, el juez federal Julián Ercolini lo había procesado con prisión preventiva junto a su socio en el grupo Indalo, Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015 (ver debajo).
También procesó como participe necesario, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17.042 millones de pesos cada uno dado que se considera a Echegaray, como el autor; y a López y De Sousa, como “partícipes necesarios” del delito de defraudación por administración fraudulenta.
Poco tiempo después de emitida la orden del magistrado, pasadas las 16, arrestaron a De Sousa en su departamento de Puerto Madero, quien fue alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, donde ahora también se encuentra López.
Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia. De hecho, Ercolini acusó a ambos de haber vendido acciones del Grupo Indalo a sabiendas de que no podían hacerlo porque pesaba sobre ellos y sus empresas una “inhibición general de bienes”. Según el juez, el accionar de ambos “se dirigió a obstruir la labor de la Justicia”.
La causa
La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Luego, la diputada nacional, Elisa Carrió , presentó a partir de esta investigación una denuncia ante la Justicia. El artículo señalaba que Cristóbal López, a través de la firma Oil Combustibles SA (una de las empresas del Grupo Indalo), se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC), el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP –por cada litro de nafta que carga el consumidor, un 25 por ciento es ITC-.
Tal como relató el juez, la última inhibición dispuesta sobre los bienes de López y De Sousa era del 4 de octubre pasado. Sin embargo, el 25 de octubre López y De Sousa le pidieron que se levantara esa medida para vender acciones de empresas a otro “grupo inversor con reconocida experiencia” porque “se encontraba en peligro la continuidad de los negocios de todo el grupo”, este intento de vender su patrimonio constituye para el juez uno de los causales para la preventiva.
Si bien el juzgado determinó que no se autorizara el levantamiento, la semana pasada, López y De Sousa informaron en este expediente que el 20 de octubre habían vendido sus acciones. “Ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias -cuando les estaba vedado- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”, relató Ercolini.
El juez destacó además que podrían haber dejado sin efecto la operatoria después de que él les contestó que no se levantaba la inhibición, pero que decidieron no hacerlo. Según el juez, esta conducta de los acusados lo “habilita a adoptar el encarcelamiento preventivo”.