La carta que circuló en los medios, que es copia de la que se entregó en la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene cuidadosamente tapado un párrafo. Allí, Aldo Ducler manifiesta que está dispuesto a negociar la entrega de las pruebas que comprometen a la familia presidencial a cambio de una participación o comisión en el dinero que la Argentina pueda recuperar de la corrupción.
Ducler y su hijo Juan Manuel fueron a la UIF el martes pasado, tal como contó el hijo del financista, fallecido el jueves. Pero según allegados al organismo antilavado se omitieron datos clave, reveló ayer el diario La Nación. Llegaron sin abogado que los represente y sin concertar una entrevista previa. El número uno de la UIF, Mariano Federici, estaba fuera del organismo, en una reunión en el Banco Central, y la número dos, María Eugenia Talerico, estaba camino de regreso del aeropuerto después de un viaje al exterior.
Los Ducler fueron a la sede del organismo, en Avenida de Mayo 761, y entonces solicitaron ver a las autoridades. Dejaron la carta cuyo contenido tomó estado público parcialmente y se fueron con el correo electrónico de la secretaria privada de las autoridades como para pedir una audiencia. Según los registros, nunca enviaron mail alguno.
La nota ofrecía aportar cierta información sobre la corrupción kirchnerista a cambio de ingresar en el sistema previsto por la ley 27.319 bajo la figura del informante colaborador. Sin embargo, la UIF carecería de competencia para negociar acuerdos con informantes y para ofrecer personal de custodia o protección para los denunciantes.
En lo que se vio de la carta, Ducler pide seguridad y custodia para él y para su familia. Además, solicita que se investigue una “asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que juntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse, entre otros, han malversado los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993”.
Según los periodistas Diego Cabot y Paula Urien, del mencioando diario, también, la carta hace mención de la posibilidad de acercar datos sobre cuentas en Estados Unidos, Luxemburgo y Suiza, además de nombres de banqueros y representantes de empresas en España y Australia, y de los apoderados, administradores y operadores de los fondos de Santa Cruz. Otro de los puntos que tiene la carta, que sólo lleva las iniciales AD y ninguna firma, es la posibilidad de facilitar la investigación de la compra por parte del Grupo Petersen del 25% de YPF.
Sin embargo, cuidadosamente tapado con un papel cuadriculado, está la otra parte de la negociación. La oferta de aportar información estaba condicionada a la posibilidad de ser acogido por el régimen de informante colaborador (previsto en la ley 27.319), recibir protección para él y su familia, además de recibir una comisión por el dinero que pudiera recuperar el Estado.
“Pedían el 10 por ciento de lo que se recuperase. No es una situación en la que alguien se presenta formalmente, se parece más a un intento de negociación que no es compatible con la ley ni con lo que se puede hacer desde el punto de vista de la UIF”, cita La Nación a fuentes anónimas del propio organismo.
información que supuestamente iba a entregar Ducler antes de su muerte. “No hubo una falla de la UIF, hubo una falla de ellos (los Ducler) de no hacer la denuncia como corresponde. Se presentaron espontáneamente a buscar al presidente o a la vicepresidenta de la UIF, que no estaban. Si hubieran llamado a la UIF y pedido audiencia, se los habría recibido y una autoridad les habría tomado la denuncia como corresponde, es lo que sucede habitualmente”, comentaron allegados al organismo.