Por Roberto Gargarella (*)
La disolución de la Secretaría de Inteligencia viene de la mano de la reconstrucción de la Secretaría de Inteligencia. –dice el prestigioso autor de esta nota- “ Y, lo que es más relevante aún, la improvisada medida sigue a diez años de construcción de un aparato de terror y persecución sobre jueces y activistas opositores, blindado a la transparencia y al control popular.
-Acostumbrados a pensar el país a partir del contratiempo o la tragedia ocurridos en el último minuto, solemos perder perspectiva sobre sucesos que, como en el caso del fiscal Alberto Nisman, resultan en realidad procesos de construcción lentos, colectivos, y respecto de cuya factura no todos somos igualmente responsables.
Por lo dicho, la pesadilla que rodea la muerte de Nisman merece ser deconstruida de otro modo, y a tales fines propongo una “mirada más larga” sobre tres hechos.
La fortaleza de la denuncia de Nisman. A comienzos del gobierno de Néstor Kirchner , Alberto Nisman -quien trabajaba desde 1997 en la causa AMIA y no se había destacado especialmente en la investigación del caso- fue designado al frente de la Unidad Fiscal Especial por el ex presidente. Al mismo tiempo Kirchner, fiel a su estilo, conminó a Nisman a proseguir su investigación de la mano de un “agente especial” de inteligencia, hoy públicamente denostado (el ex presidente se especializó en vincular, indebida e innecesariamente, la política con los servicios de inteligencia).
Pasaron más de diez años y, a pesar de los cuantiosos recursos económicos invertidos, el personal injustificadamente incorporado y las redes de espionaje tendidas -o tal vez justamente por ello-, la investigación en la causa sigue bloqueada. Se trata de un fracaso estrepitoso construido lentamente por el Gobierno, una muestra más de la chapucería, improvisación, mentiras y oscuridades propias de una gestión, que arroja resultados igualmente nefastos en casi todas las áreas.
Pero ahora los “juristas amigos” del Gobierno vienen a decirnos que la denuncia de Nisman “no prueba delito”, y la claque oficial aplaude y reproduce el asunto con orgullo. El hecho, propio de una mala película, debiera generar tristeza y desencanto colectivos: el Gobierno saliendo a demostrar que la investigación que él mismo promovió, frente al peor atentado sufrido por el país en su historia, “no prueba nada”, tras diez años de inversiones cuantiosas.
Peor aún, se pretende que procesemos este fracaso impactante como un triunfo del Gobierno. Si la investigación de Nisman resultó apresurada, chapucera y enredada o sucia por la intervención de los servicios de inteligencia, ello representa el exacto resultado de lo construido por el kirchnerismo en diez años: un producto más, no de su éxito, sino de su rotundo fracaso.
El pacto con Irán. La limitada “denuncia” del fiscal Nisman -“incapaz de probar un delito”- resulta muy relevante, entre otras razones, por su verosimilitud: ella permite reordenar las piezas de un rompecabezas que, de otro modo, resultaría difícil de explicar, entender y armar.
El aporte del trabajo de Nisman vale como puntapié inicial para una investigación que se torna urgente, en torno a las acciones y complicidades del poder actual, frente al atentado contra la AMIA. Y permite dar cuenta del virulento e inexplicable giro de la política exterior argentina frente al caso de la mutual judía, que derivó en 2013 en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Otra vez, nos encontramos aquí con la impunidad, después de más de 20 años, que más allá del escándalo es el resultado de una política errática, oportunista y carente de principios, que lleva ya diez años marcada por el sello del kirchnerismo, entre otros factores.
La práctica absurda promovida desde el Gobierno terminó con la firma de un acuerdo inmoral, ofensivo para la comunidad judía, jurídicamente inconstitucional y políticamente fallido: las consecuencias están a la vista. Se trata de un acuerdo despreciable, que la denuncia de Nisman permite entender, y por el cual un gobierno antisemita, negador del Holocausto y acusado de complicidad directa en el atentado contra la AMIA terminó participando como par en la investigación relativa a la presunta responsabilidad criminal de sus propios funcionarios. Un despropósito jurídico tan comprensible y decente como invitar a Hitler o a Al Capone a participar en la comisión de la verdad sobre los crímenes de los que se los acusaba, dado que “la investigación no avanzaba” u “otra salida no había”.
Los servicios de inteligencia. La obsecuencia oficialista pretende hoy que aplaudamos la “disolución de los servicios de inteligencia”, ocultando las únicas dos cuestiones realmente importantes en ese tema.
La disolución de la Secretaría de Inteligencia viene de la mano de la reconstrucción de la Secretaría de Inteligencia. Y, lo que es más relevante aún, la improvisada medida sigue a diez años de construcción de un aparato de terror y persecución sobre jueces y activistas opositores, blindado a la transparencia y al control popular.
El cuento oficial nos dice hoy que se trataba de un área en la que “todavía estaba pendiente” una reforma. Como es habitual con el discurso kirchnerista, la verdad no es ésa, sino la contraria: no se trata de un área “todavía abandonada,” sino de una “sobretrabajada” y cuya construcción demandó una década, implicando millonarios recursos, cientos de funcionarios incompetentes y un sofisticadísimo y caro aparataje destinado ilegalmente al espionaje interno, que se suma al espionaje realizado desde las Fuerzas Armadas, a cargo de un general acusado por crímenes de lesa humanidad.
De ese pozo del delito surgen luego los crímenes, de todo tipo -escuchas ilegales, “carpetazos”, persecuciones de opositores-, que hoy nos agobian y que el kirchnerismo deja como principal herencia de su década en el poder. Una política infestada por la corrupción oficial y sostenida a partir de voces y silencios provocados por la intervención de los servicios de inteligencia, brazo sostén y ejecutor, oculto detrás de todas las políticas del Gobierno.
(*) El autor es abogado constitucionalista y sociólogo. El texto original fue publicado en la edición impresa del diario La Nación (28-01-15)