En la mañana de hoy se desarrolló ante la Cámara de Apelaciones la audiencia de conciliación entre la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto y la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que interpuso en su momento la demanda colectiva que derivó en la cautelar que le impidió a la prestataria del servicio cobrar el aumento tarifario hasta tanto realizara la correspondiente audiencia pública.
Estuvieron presentes el presidente del Consejo de Administración, Ademar Aznar, y el abogado Miguel Murtagh en representación de la Cooperativa; mientras que por UCU intervinieron los apoderados Ana Luz Ortiz y Adrián Bengolea, que es el fundador de la ONG. La Cámara escuchó los argumentos en busca de alguna posibilidad de acuerdo entre las partes y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 19 de febrero, aunque la novedad es que UCU se mostró dispuesta a escuchar alguna propuesta y trasladarla a los usuarios.
“Nosotros mantuvimos nuestra tesitura respecto a la importancia de realizar la audiencia pública, mientras que la Cooperativa la considera innecesaria, al tiempo que esbozaron algunos problemas económicos que están afrontando. Nuestra sugerencia es que todo esto se debe informar a los asociados, que es una vieja deuda que tienen ellos, informando cabalmente sobre ingresos y egresos, mejoras e inversiones”, sentenció el representante legal de la ONG, José María Conzoli.
La Cámara de Apelaciones debe dictaminar si fue legal aquel aumento realizado por la Cooperativa a comienzos de 2018, con el que debió dar marcha atrás por una medida cautelar de la jueza Celeste Rosso emitida en abril con efecto retroactivo, ordenando que se retrotraigan los valores al último bimestre de 2017. Hoy está en debate qué pasa con los aumentos previos, dado que la Cooperativa pretende recuperar lo que no pudo cobrar en su momento.
Cifras y opciones
Durante la audiencia efectuada hoy, “surgió la posibilidad de que la Cooperativa haga una propuesta porque su balance le da un patrimonio negativo de más de 29 millones de pesos. Entonces nosotros sugerimos que enfoquen en ese número y hagan una propuesta a la comunidad para subsanar esa situación, y que sean los usuarios en el marco de una asamblea los que acepten la posibilidad de pagar una parte de aquel aumento”, indicó Bengolea.
Según los datos de la propia Cooperativa, la cautelar les representó una pérdida superior a los 54 millones de pesos, pero “el quebranto es de casi la mitad, entonces deberían hacer una propuesta en ese sentido. Y seguramente sería razonable discutir esa situación con los usuarios. Si se llega a la instancia del fallo, será la Justicia la que decida; pero se puede llegar a un punto intermedio a partir de una propuesta que debe realizar la Cooperativa”, evaluó el fundador de UCU.
Más allá de esta alternativa, Conzoli recordó que “la cautelar salió en el mes de abril y la Cooperativa podría haber instado a la audiencia pública en forma inmediata, pero prefirieron dejar pasar el tiempo y se llegó hasta julio, y eso los pudo haber perjudicado económicamente, pero tampoco se conoce demasiado de los números”.
En caso de no surgir ninguna propuesta en las próximas semanas, en febrero se cerraría esta instancia y se esperaría el fallo de la Cámara, que debería salir entre marzo y abril. De lo contrario se podrían estirar los plazos.