El senador provincial Lisandro Enrico presentó ante el gobierno provincial una iniciativa para que el gran número de presos en Santa Fe realice actividades de formación laboral, creando para ello espacios fiscos adecuados y tomando la asistencia y cumplimiento como indicador de la buena conducta carcelaria.
En la actualidad, hay alrededor de 6.900 personas privadas de su libertad en las diferentes unidades penitenciarias, concentrándose cerca del 70 por ciento en las unidades de Coronda y Piñero. De esa población carcelaria se estima que menos del 10 por ciento accede a talleres de formación laboral.
“La mayor parte de los internos pasa gran parte del tiempo en los pabellones con poca actividad formativa, en la medida que sea mayor el número de presos que realice actividades de formación empieza a ser posible algún camino de resocialización, pero para ello es importante una inversión en una adecuada infraestructura carcelaria”, sostuvo Enrico.
Uno de los capítulos del proyecto establece un progresivo y planificado proceso de inversión provincial en infraestructura adecuada para la creación de talleres laborales y espacios de formación laboral.
En este sentido, el legislador venadense manifestó: “En los últimos años la prioridad de la inversión en infraestructura carcelaria estuvo dirigida a ampliar los lugares de aprisionamiento priorizando más cantidad de lugares para sacar presos de las comisarías; ahora corresponde invertir en espacios como talleres y equipos para permitir que en cada penal de la provincia existan dispositivos de formación laboral”.
Actualmente en la provincia de Santa Fe existen 11 unidades penitenciarias, sin contar con las alcaidías departamentales que están fuera de la órbita del Servicio Penitenciario. En la Unidad 1 de Coronda es donde mejor se plasmó esta experiencia desde hace varias décadas, la idea de una cárcel con fuerte presencia de talleres para del trabajo y la formación laboral.
El Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) es la entidad que coordina la producción de elementos y herramientas producidas por presos tales como mesas, bancos, sillas, muebles y baldosas, pero tiene poco desarrollo en el resto de las unidades carcelarias. Es por ello que el proyecto establece la inversión progresiva en estos espacios.
Formación como condición
El senador Enrico consideró que “uno de los aspectos importantes de la legislación es que la formación laboral deja de ser solo un derecho de los presos para convertirse en un deber. Es decir que los internos que no desarrollen la formación laboral tendrán un concepto desfavorable que incide en su legajo personal, lo que no le permitirte acceder a beneficios como la libertad condicional o las de tipo recreativas o de contactos con visitas”.
La iniciativa legal contempla la obligación de los internos de realizar tareas de mantenimiento de los espacios carcelarios para establecer estándares de conducta y convivencia. Es decir que el mantenimiento de los espacios carcelarios, su limpieza y acondicionamiento sea efectuado por los internos.
Asimismo el proyecto hace mención a la importancia de la presencia y acompañamiento espiritual, esencialmente con pastores o sacerdotes que llevan adelante una tarea de contención y pacificación vital en los espacios carcelarios. La intención es hacer parte de una política sostenida en la contención espiritual.
Convenios con empresas
El proyecto deja abierta la posibilidad de llevar adelante una experiencia poco difundida en nuestro país que consiste en permitir que empresas o fábricas puedan celebrar convenios a los fines de que internos de las cárceles puedan trabajar en procesos productivos.