El abogado rosarino Matías Figueroa Escauriza, exdirector de Gestión Pública de la Provincia durante la gestión de Miguel Lifschitz, que tuvo un rol importante en las denuncias sobre la megaestafa inmobiliaria de Venado Tuerto, brindó una charla esta tarde en la ciudad sobre dos problemáticas de candenten actualidad: “Justicia Penal Juvenil y Lavado de activos”.
Invitado por la diputada provincial Rosana Bellatti y el concejal Nahuel Pasquinelli, la charla se desarrolló en la sede del Partido Socialista de calle Alvear al 500, contando además con la participación del intendente Leonel Chiarella y los concejales Leo Calaianov y Mariana Iturbide entre el público presente.
En diálogo con Venado24, el dirigente socialista dejó definiciones en torno al abordaje que debe hacer el Estado con los adolescentes que delinquen y también puso de relieve la necesidad de seguir la ruta del dinero para darle un golpe verdadero a las organizaciones criminales que hoy mantienen a la provincia (en especial a la ciudad de Rosario) envuelta en una violencia que se cobra vidas a diario.
-La Justicia Penal de Menores quedó al margen de la reforma del Código Procesal Penal, ¿una opción es ponerla en sintonía con ese sistema?
-Hay varios proyectos, el senador (Lisandro) Enrico presentó el suyo y también desde el bloque socialista se hicieron aportes para adecuar el Código a un fallo de la Corte Suprema, que establece que el actual régimen de menores es un sistema inquisitivo y quedó fuera de la normativa legal. Si un menor entre 16 y 18 años comete un delito, el mismo juez que investiga es el que lo juzga, y eso está invalidado por un fallo de la Corte. Tiene que haber un fiscal que acuse e investigue, un defensor y un juez que objetivamente dicte una sentencia. Tenemos que ir en ese sentido, y el debate es el gris que se le tiene que dar al proyecto: algunos quieren un gris más oscuro y otros más clarito, pero tenemos que llegar a un punto intermedio para tener un código acorde para los menores.
-Y después está el otro paso, que es derivar a un menor que tiene que cumplir algún tipo de reclusión.
-Nosotros contamos la experiencia de las cárceles, que son el ex Irar y Las Flores que tienen régimen cerrado y los cuatro semiabiertos donde los hicos duermen pero no tienen servicio penitenciario, como el que tiene Venado Tuerto y hoy se encuentra cerrado. Y un programa que implementamos en el gobierno de Miguel Lifschitz que se llamó Nexo Empleo Libertad, que apunta a georreferenciar a los jóvenes y adultos que están en conflicto con la ley penal antes de recuperar la libertad, para que el Estado le dé un trabajo con un sueldo que pueda vivir y llegar a un trabajo formal en una empresa. La búsqueda es que estos jóvenes en vez de salir y volver a robar, tengan una nueva oportunidad en el mercado laboral, bajando los índices de delitos.
-Las complicaciones aparecen a la hora de llevar las buenas intenciones a la práctica, como el centro de puertas abiertas de Venado Tuerto que lleva un tiempo cerrado. Es una herramienta que está y no se utiliza.
-Muchas veces nos pasamos debatiendo proyectos, pero si no hay un control sobre su ejecución y no hay estadísticas, se pierden muchas cosas que son muy buenas. El Nexo Empleo Libertad lo seguimos con estadísticas para ver si daba resultado, y así fue: de cada cien jóvenes que entran a una cárcel, 70 vuelven a robar; mientras que este programa hizo descender la cifra a 25 jóvenes que volvieron a robar, es decir que bajamos un 50 por ciento la tasa. Y en adultos el 21 por ciento vuelve a cometer delitos y con este programa bajamos al 2,2 por ciento. Esto demuestra que sirve, pero hay que sostenerlo y demostrar con cifras el resultado.
La lentitud del Estado
-¿El lavado de activos es el camino para combatir en serio a la problemática del narcotráfico? Hay un negocio millonario que en algún lado tiene que invertir esos ingresos…
-Las organizaciones criminales tienen tanta plata que el Estado queda lento para articular su estructura de investigación criminal, es un leopardo contra una babosa. Se necesitan sí o sí agencias especializadas en el lavado de activos, para pegarle a las organizaciones criminales donde más les duele que es en su poder económico. Hoy vemos que están todos presos: Alvarado, Los Monos, los Funes, pero desde la cárcel siguen delinquiendo. Para frenarlos hay que sacarles la plata e impedir que puedan cooptar tantos jóvenes en su organización.
-Eso evidencia que hay un problema con las cárceles.
-Argentina no tiene una cárcel para presos de alto perfil, no hay cárceles de máxima seguridad. Tenemos que tener celdas muy controladas que impidan a estas personas seguir delinquiendo desde la cárcel, porque de lo contrario todas estas acciones no van a alcanzar para combatir al crimen organizado en la provincia, en Rosario y en el país.
-¿Cuánto se logró avanzar realmente en el seguimiento del dinero del crimen?
-Se han podido articular acciones sobre el flujo de dinero por voluntad política de funcionarios de turno. Nosotros decimos que hay que institucionalizarlo y tener un sistema de confidencialidad que vaya haciendo esto por sinergia. Nosotros denunciamos la megaestafa de Venado Tuerto desde el gobierno provincial de Miguel Lifschitz, nos fuimos y cuando llegó el gobierno de Perotti eliminó la oficina, por eso en la actualidad no hay investigaciones ni denuncias.