El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto, a cargo de la jueza María Celeste Rosso, hizo lugar a una medida cautelar requerida por una jubilada de nuestra ciudad, llamada Ana María Benedetto, para que el Nuevo Banco de Santa Fe se abstenga de efectuarle descuento por un préstamo que tomó sin su consentimiento.
Patrocinada por el abogado José María Cónzoli, referente de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), la mujer solicitó que la entidad “se abstenga de efectuar descuentos, cualquier débito o retención de su cuenta originados por el préstamo desconocido y denunciado, hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva”.
La mujer solicitó que se declare la inexistencia y/o nulidad de la contratación del préstamo personal “preaprobado y acreditado unilateralmente por el Banco en la caja de ahorro en pesos de la accionante”, y en el mismo sentido “se declare la nulidad o inexistencia de la transferencia realizada sin su consentimiento”. Además solicita una indemnización por daño moral y una sanción con multa civil a la demandada en concepto de daño punitivo.
Si bien todos esos planteos continúan su proceso habitual, la medida cautelar inmediata tiene como objetivo que se le dejen de hacer los descuentos hasta tanto exista un fallo.
En representación del Banco, el Dr. Fernández Zurita argumentó que la entidad “carece de absoluta responsabilidad por el hecho” que plantea la jubilada, remarcando que “no ocurrió por una violación a los sistemas de seguridad del banco, sino que todas las operaciones se realizaron con datos que sólo debía conocer el titular de la cuenta y con la utilización de su tarjeta personal, por voluntad de ésta”.
También sostuvo que a los fines de cancelar una deuda anterior solicitó un nuevo crédito utilizando la opción ‘Reorganización de deuda’, exhibiendo las pruebas informáticas del caso. Asimismo, en el escrito presentado se rechaza el pedido de suspensión de los descuentos, dado que “se está debitando la cuota correspondiente al contrato que Benedetto suscribió”.
Para hacer lugar a la medida cautelar, la jueza Rosso puso de relieve “la condición de los involucrados y la trascendencia que para cada uno pueda significar, presumiblemente, el acceso a la medida o su denegación y en esa tarea no puede soslayarse que los requirentes son consumidores de servicios que presta la entidad bancaria, y que el hecho que se cuestiona afecta hacia el futuro sus ingresos por una suma que, en abstracto, no puede sino apreciarse como significativa”, contraponiendo a la solvencia del banco que sufrirá un impacto menor.