Tras el hecho de sangre que ocasionó la muerte del joven Kevin Monserrate y heridas graves en Délfor Tapia -que se recupera en Rosario-, el Ejecutivo municipal fijó una posición en la voz del secretario de Gobierno, Jorge Lagna, quien en primer término puso de relieve el acompañamiento a “ambas familias” en un suceso “que enluta a la familia municipal”, atento a que el padre de Délfor y el abuelo de Kevin “son empleados municipales”.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que la determinación de no participar de las movilizaciones y marchas fue informada en reuniones mantenidas con los familiares y amigos de las víctimas, un escenario marcado por acciones concretas mientras la ciudad se hallaba conmocionada.
“Allí les explicamos a familiares y amigos todo lo que podíamos explicar. Decidimos no participar de esas convocatorias, más allá de que el intendente (José Freyre) en persona le pidió al jefe de Policía (nodal Rafael) Grau y el propio fiscal (regional Alejandro) Sinópoli se ofreció a hablar con los manifestantes. En las manifestaciones los mismos chicos decidieron retirarse cuando vieron cierta anarquía de distintos sectores que confluyeron en el corte (de la rotonda). La protesta fue legítima y en ningún momento estuvimos en contra”, evaluó el secretario.
Seguidamente expresó que pedir “algunas renuncias (de funcionarios) es simplificar la cuestión” y enfatizó que “más allá del dolor y de lo irreparable, el sistema de monitoreo municipal permitió alertar del hecho”, un reconocimiento al rol que le cupo al operador de turno que, en llamado al 911, activó la respuesta policial.
“Lamentablemente la barbarie no se pudo evitar. Fue un hecho salvaje, de cuatro o cinco personas atacando a una. Incalificable, que merece una condena ejemplar“, afirmó Lagna, remarcando que “los responsables están presos, y quizá en otro momento, sin este sistema no estarían presos y el hecho no estaría por esclarecerse”.
Más adelante, aclaró la tarea “de colaboración” del Municipio sobre la fuerza pública, cuya estrategia es una atribución de la Provincia “a través de la Policía y el Ministerio de Seguridad”.
“Por ley el uso de la fuerza pública sólo es de la Provincia, y lo que podemos hacer desde el Municipio es colaborar. Entonces no tiene razón de ser exigir la renuncia de un colaborador (por el director de Seguridad Comunitaria). Si hay críticas por el fracaso de las políticas de seguridad en la ciudad, recaen en la Provincia, pero no nos sacamos el sayo. El Municipio tiene sí la obligación de estar al frente del reclamo, y el intendente se puso al frente de este reclamo desde hace bastante tiempo”, aseveró el titular de Gobierno.
La referencia recuerda la petición elevada en Rosario, con ocho puntos, ante los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Seguridad, Raúl Lamberto, advirtiendo Lagna que el próximo paso podría desembocar en un pedido de reunión con el gobernador Antonio Bonfatti.
Aquel encuentro, que aún no encontró eco en respuestas concretas, movilizó a un amplio arco institucional que elevó peticiones consensuadas en la Junta Municipal de Seguridad Urbana.
No simplificar
Retomando el eje, Lagna llamó a evitar reduccionismos ante la complejidad del problema. “Más allá de lo que uno piense sobre (Juan) Lombardi y sus capacidades para el cargo, (el pedido de renuncia) no es la solución. La solución pasa por encontrar desde la Provincia un verdadero plan de seguridad y que los patrullajes funcionen”, ejemplificó.
Como dato, una presencia disuasiva de un móvil policial en la plaza San Martín, en los días de mayor conflictividad, “tal vez hubiera evitado esto“. Una petición recurrente del Municipio a través del tiempo, entre otras.
Lagna aseguró que “insistiremos en trabajar en conjunto para que mejore la faz preventiva” en seguridad. Y tras subrayar que “la pérdida de una vida es irreparable”, fijó como objetivo “llegar a que el hecho no suceda, recién después viene el tema de la justicia”, donde el Ejecutivo local impulsa leyes en el ámbito de la Legislatura santafesina.
La audiencia imputativa
Sobre la instancia judicial en curso, Lagna comentó que “hoy estamos ante un hecho que tiene imputados concretos, con pruebas fehacientes y las pruebas centrales que dan las imágenes de la central de monitoreo; se hablaba en la audiencia imputativa de penas de hasta 25 años y creo que la gente está esperando eso, que ante un hecho de tanta barbarie se ponga la pena más dura, y me parece que la justicia va en ese camino”.
Luego indicó que la inseguridad “es en estos momentos un flagelo universal”, no obstante instó al Gobierno provincial a cambiar “la lógica” de enfoque que prioriza las ciudades de Rosario y Santa Fe, aduciendo que ciudades intermedias como Venado Tuerto “también necesitan planes específicos”.
“Vinieron más móviles y agentes pero no basta con eso, falta una mejor estrategia. Debemos trabajar unidos, los sectores público y privado, las ONG y los vecinos. De lo contrario no lo vamos a solucionar. La complejidad del problema requiere otro modo de abordaje”, completó.