La Cámara de Diputados de Santa Fe dio hoy media sanción al proyecto de Ley de Decomiso, la cual prevee la creación de un organismo que tendrá por objeto administrar los bienes secuestrados provenientes de actividades ilícitas.
“Se trata de un ente autárquico dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se ocupará de la administración, custodia, disposición y también el eventual decomiso de los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial, a los efectos de restituirlos a sus legítimos propietarios cuando correspondiera o disponerlos por parte del Estado provincial, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal de Santa Fe”, aclaró el legislador socialista y presidente de la Comisión de Seguridad, Oscar Pieroni, sobre el texto que fue trabajado previamente por las comisiones de Asuntos Constituciones y Legislación General. Ahora, corresponderá al Senado convertirla en Ley.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo provincial y elaborada en el marco de la Dirección de Investigación Patrimonial, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de activos.
El martes, Pieroni y otros diputados de diferentes bloques se reunieron con los ministros provinciales de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, donde se interiorizaron sobre las políticas que se llevan adelante para hacer frente a la problemática de la inseguridad. En la oportunidad los funcionarios les solicitaron la aprobación de proyectos que permitan profundizar las reformas implementadas en la Policía y la Justicia y brinden más herramientas para la persecución del delito.
Entre las que mencionaran se halla la Ley de Decomiso que ya estaba en trámite parlamentario y hoy obtuvo media sanción.
“Santa Fe será la primera provincia argentina en contar con un mecanismo de esta naturaleza, que servirá a fiscales y jueces en la lucha contra el delito y la criminalidad organizada”, expresó el legislador oficialista, detallando que además de la creación del ente para la custodia, preservación y administración de los bienes incautados, reemplazando gradualmente la función del actual depósito judicial, “instruye la posibilidad de decomisar los bienes de organizaciones delictivas aún cuando no exista una condena y el imputado reconozca que ese patrimonio procede de hechos delictivos”.
Los alcances
La “Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales”, que tendrá personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, preservará los bienes muebles e inmuebles secuestrados durante la investigación de cualquier tipo de ilícito, como vehículos, propiedades, dinero en efectivo, aeronaves o medicamentos, entre otros. Además, le corresponderá decidir sobre el destino de estos bienes, según corresponda restituírselos a las víctimas, asignarlos a alguna repartición del Estado o su destrucción; por ejemplo, en el caso de las armas, siguiendo los dispuesto por la ley nacional.
La norma establece también modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia para promover acciones que permitan bloquear tempranamente estos bienes, impidiendo su cambio de titularidad, o su decomiso aún inclusive antes de que sus titulares sean condenados, en los casos en que se reconozca su procedencia ilegal o cuando sus dueños los hayan abandonado o se hayan fugado