La medida se aprobó por 6 votos contra uno, la disidencia fue del socialista Fabián Vernetti, quien planteó fuertes objeciones. El concejal opositor cuestionó “el favorecimiento de las inmobiliarias en la venta, en detrimento de los ciudadanos”.
Faltaron, con aviso, a la sesión la oficialista Bibiana Pieli y el radical Díaz Vélez –este último aliado de Vernetti-. El otro edil socialista, Roberto Meier, aprobó la medida sin objeciones, luego del tratamiento de la medida en el Plenario de concejales.
El contexto
De acuerdo a lo que se podia percibir hasta la semana anterior, parecía haber consenso para aprobar, sin problemas, la venta de 8 terrenos municipales en el barrio Los Robles, destinados a cumplir con parte de la deuda que la MVT mantiene con la Sindicatura del Ex BID por la adquisición del inmueble de 25 de Mayo y Belgrano, en donde funciona la Secretaría de Hacienda.
El proyecto de ordenanza en cuestión ingresó a la Legislatura local hace dos semanas, y luego de un intenso tratamiento fue tratado ayer en el recinto (debe recordarse también que, hace poco más de un mes, se había aprobado en forma unánime el otorgamiento de la potestad del Ejecutivo de vender lotes para pagarle al ex BID, en ese marco se redactó esta ordenanza discutida ayer).
Durante el transcurso del estudio conjunto de esta norma en cuestión, Vernetti había planteado ciertas suspicacias, pero en principio se mostraba de acuerdo con una medida que resulta casi inevitable, dada la falta de fondos municipales y la inevitabilidad de realizar los diferentes pagos, de acuerdo a lo determinado por el fuero administrativo –aún restan saldar cerca de 9 millones de pesos de la principal deuda restante, que es la que se mantiene con el ex BID por la pavimentación compulsiva que realizó De Mattía hacia el final de su gestión-. Sin embargo el proyecto del Ejecutivo llegó al recinto sin consenso pleno.
En el Recinto
Durante esta última sesión, Vernetti planteó que no iba a “acompañar esta ordenanza” por no estar “seguro de que estemos haciendo las cosas bien”, argumentando que no hubo suficiente tiempo de trabajo sobre la cuestión y de que, a pesar de que es política del Concejo el recibir a todas las partes durante el tratamiento de asuntos delicados, durante el abordaje de la ya sancionada venta no haber recibido al síndico del ex BID, el contador Juan Venturini.
“Resulta parcial no haber concretado el encuentro, justamente cuando nos caracterizamos por reunirnos con todo el mundo”, declaró el parlamentario socialista sobre este punto.
Ante los planteos, la edil oficialista Liliana Rostom planteó que "Venturini (…) cobrará -en calidad de síndico- lo percibido por los terrenos, por lo tanto su opinión sobre el mecanismo de venta no tiene peso", no obstante poco después la propia Rostom propuso pasar a un cuarto intermedio y convocar al propio Venturini, iniciativa que no prosperó por el rechazo de sus pares de bancada .
Pero quizá el punto más ríspido de la discusión fue el cuestionamiento que hizo Vernetti sobre la participación de inmobiliarias en la comercialización de los terrenos (la ordenanza aprueba un sistema mixto de venta en el que más allá de las ofertas particulares, pueden emerge como oferentes las Inmobiliarias). “El Municipio está favoreciendo a las inmobiliarias en detrimento de los ciudadanos por el 3 por ciento de comisión. Mientras que un particular paga el 103 por ciento, un inversor inmobiliario se ahorra un 6 por ciento”, denunció el legislador.
Sobre el tema, Rostom declaró que "el 3 por ciento de comisión de esta venta de lotes, que apunta a sanear la economía municipal por una deuda heredada,se cobra para evitar que se hable de amiguísmo en la venta".
El saliente concejal justicialista Gustavo Giner también se sumó a la postura mayoritaria al argumentar que “no hay beneficio para las inmobiliarias en sí, porque ante ofertas iguales se elegirá al particular, dado que así el municipio se evita el pago de comisión”.
A pesar del debate, finalmente la presidenta Norma Orlanda determinó que el texto sea votado y terminó siendo aprobado por 6 votos contra 1. Concretada la venta, aún restará el pago de 624 mil pesos –solo en concepto de esa acreencia-, de acuerdo a lo determinado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario.