La reparación ya es un hecho: los responsables de la financiera que operaba sin autorización en Venado Tuerto entregaron el equipamiento médico comprometido por un total de 30 millones de pesos a los centros de salud municipales. La medida forma parte de la suspensión del proceso a prueba homologada el 15 de enero último por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, que evitó la elevación a juicio.
Pero detrás de esa salida alternativa hubo una investigación federal que se extendió durante más de un año y que dejó al descubierto una operatoria sostenida en el tiempo.
Cómo funcionaba la financiera
La causa se inició en junio de 2024, luego del robo ocurrido en la vivienda de Cabral y Rivadavia. A partir de ese hecho, la Justicia Federal comenzó a indagar si en el domicilio funcionaba una estructura de intermediación financiera no autorizada.
La pesquisa fue impulsada inicialmente por el entonces titular de la sede fiscal local, Javier Arzubi Calvo, y continuada por el equipo encabezado por el fiscal federal Federico Reynares Solari y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi.
En los allanamientos realizados semanas después del asalto -con intervención de fuerzas federales- se secuestraron:
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Cinco máquinas contadoras de billetes
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Importantes sumas en pesos y dólares
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Computadoras y teléfonos celulares
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Libretas con registros de operaciones y pagarés
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Un detector de billetes falsos
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Un arma de fuego
Las consultas al Banco Central de la República Argentina confirmaron que los responsables no contaban con ningún tipo de habilitación para realizar compraventa de divisas ni otorgar préstamos personales, actividades reguladas por la legislación financiera.
La imputación y el acuerdo
En junio de 2025 se formalizó la investigación por el delito de intermediación financiera sin autorización legal, una figura que protege el orden económico y financiero.
Tras el avance de la causa y la evaluación de la prueba reunida -documental, digital y contable-, los imputados reconocieron su responsabilidad y acordaron la suspensión del proceso a prueba por el término de dos años.
Durante ese período deberán:
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Fijar y mantener domicilio
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Informar cualquier cambio
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Abstenerse de realizar actividades de cambio de divisas o préstamos sin autorización
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Cumplir con la reparación económica pactada
La reparación fue fijada en 30 millones de pesos, considerados equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero.
Reparación concreta
Lo novedoso es que la entrega del equipamiento ya fue efectivizada. Los fondos no fueron transferidos en dinero, sino destinados directamente a la compra de insumos solicitados por el área de Salud de la Municipalidad de Venado Tuerto.
Entre los equipos incorporados se encuentran electrocardiógrafos, desfibriladores y balanzas pediátricas, que ya forman parte del equipamiento de los centros de atención primaria.
El caso, que comenzó con un violento robo en 2024 y derivó en condenas para los asaltantes en la órbita provincial, terminó exponiendo una actividad financiera irregular y concluye ahora, en la órbita federal, con una reparación que impacta de manera directa en el sistema público de salud local.