Horas de tensión se vivieron en la jornada de hoy por una masiva usurpación de terrenos en el límite de los barrios Alejandro Gutiérrez y Santa Fe, en la cuadra de calle San Luis entre Pinto Lucero y Gobernador Caesa. Allí, desde el fin de semana y hasta la mañana de hoy fueron arribando once familias que de manera muy organizada se repartieron los lotes, los marcaron con postes y delimitaron con alambres, llegando en algunos casos a iniciar la construcción de viviendas precarias.
Tras la intervención de la Justicia, la Policía y el Municipio, alrededor de las 20 se logró tranquilizar la situación y los usurpadores dieron la palabra de desistir en su actitud, a la espera de ayuda del Estado para afrontar sus complejas situaciones sociales.
El predio ocupado es propiedad de varios particulares, algunos de los cuales realizaron la denuncia pertinente para dar paso a la intervención de la Justicia. La policía de la Comisaría 14° tomó rápida intervención, pero lejos de ponerle fin al conflicto, el número de personas en el lugar se fue incrementando.
Según el relato de los vecinos, la gran mayoría de las personas que empezaron a ocupar el predio provenían de un barrio cercano, los primeros llegaron el sábado y ya para el domingo tenían levantada una edificación con techo y puertas. El lunes por la noche llegó el grueso de los demás ocupantes, varios de ellos esgrimiendo haber sido estafados por una inmobiliaria local que les habría ofrecido facilidades para acceder a la compra de los lotes, algo que será investigado por la Justicia en caso que se ratifiquen las denuncias de manera formal.
Rápido accionar
Sabiendo que era necesario actuar con celeridad, en la tarde de hoy se apersonó en el lugar el fiscal Horacio Puyrredón, cuya intervención fue clave para desactivar el conflicto. Tras dialogar y negociar con los usurpadores durante más de una hora, con la presencia de varios patrulleros y agentes policiales, logró que estos vecinos depongan su actitud y acepten abandonar el lugar.
Solamente una de las familias manifestó no tener un lugar donde pasar la noche, recibiendo asistencia del Municipio; mientras que otro de los ocupantes acordó quedarse una noche más. El resto aceptó retirarse de inmediato, algunos con la promesa de llevar rápidamente sus demandas ante el gobierno local a la espera de algún tipo de ayuda.
A las pocas cuadras había una topadora y una grúa dispuestas por el Municipio para derribar todo lo que estaba montado sobre el predio. Cuando estos vehículos se acercaron al lugar, volvieron a enardecerse los ánimos, dado que los usurpadores pidieron que no se dañen los postes que habían colocado, de manera que se les permitió retirarlos en condiciones. Incluso fue elocuente ver a funcionarios municipales como el secretario de Gobierno, Jorge Lagna (quien dialogó con algunos de los ocupantes), colaborando en el desarmado de las estructuras.
A pocas cuadras del lugar, algunos vecinos que habían hecho saber su preocupación por esta situación, mantenían reuniones con funcionarios y concejales (la mayoría de ellos candidatos) como Leonel Chiarella, Juan Ignacio Pellegrini, Pablo Rada y Emilce Cufré; quienes les informaban de las acciones realizadas y llevaban tranquilidad.
Contrastes
En definitiva, llamó la atención el nivel de organización con el que fue ejecutada la usurpación, que por supuesto tiene como trasfondo una delicada situación social que empujó a un grupo de familias a montar estructuras precarias con nulas comodidades y condiciones de higiene para tratar de mejorar su situación.
En su defensa, estos vecinos de la ciudad hacían notar la existencia de otros asentamientos irregulares donde la Justicia y el Estado no mostraron la misma decisión para intervenir, siendo la respuesta que en este caso resultó fundamental la denuncia de uno de los damnificados para poder intervenir con el delito en flagrancia, es decir en el mismo momento en que se estaba cometiendo.