Sobre el mediodía de hoy se realizó en la sala de los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia final del denominado juicio de la megaestafa inmobiliaria. En ese sentido, el tribunal integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, impusieron condenas para los tres imputados. Así, el abogado Antonio Di Benedetto (sindicado como la cabeza de la banda) fue condenado a 12 años de prisión efectiva, más el pago de una multa de $2.340.000 e inhabilitación para ejercer la profesión por 10 años; el gestor Raúl Jaime recibió una pena de 10 años de prisión, más una multa de $1.160.000; mientras al comerciante Marcelo Sava le otorgaron 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $270.000.
Además, dispusieron la devolución a los legitimos propietarios de todos los bienes inmuebles birlados. Las escrituras públicas mediante las cuales los condenados se apropiaron de 18 inmuebles rurales y urbanos fueron declaradas falsas, lo que implica que esos documentos no tienen efecto.
Di Benedetto fue condenado como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica. A Jaime se le impuso la pena por tomar parte en una asociación ilícita; como coautor de estafa y uso de documento falso; y como coautor, partícipe necesario e instigador de falsedad ideológica. Mientras, Sava fue condenado por ser miembro de una asociación ilícita; y como coautor de tentativa de estafa y falsedad ideológica.
Al respecto, cabe recordar que el fiscal de la causa, Matías Merlo había peticionado una pena levemente más alta para los acusados, esto es: 16 años para el abogado venadense, 12 para el gestor y 6 para el comerciante. Sin embargo, a la salida de la audiencia Merlo manifestó su conformidad con la sentencia.
De todos modos, vale aclarar que, más allá de la sentencia final de hoy, esto no significa que los acusados culminen inmediatamente tras las rejas. Es que habrá que esperar que el fallo quede firme, luego vendrá el dictamen de la Cámara de Apelaciones y todavía puede faltar otra posible instancia de revisión ante la Corte provincial y/o nacional.
De hecho, los abogados defensores de Di Benedetto, Ángelo y Lucío Rossini, en el posterior contacto con la prensa ya adelantaron que apelarán el fallo ante todas las instancias necesarias.
Una larga y puntillosa lectura
Lo cierto, es que la jornada se extendió por un par de horas ya que el presidente del tribunal, Leandro Martín definió realizar una larga y puntillosa lectura del fallo, avanzando por cada uno de los 26 casos de estafas involucrados. Pero a la vez, esta decisión confirmó la contundencia del fallo, ya que se detalló la participación y autoria de los implicados en cada uno de dichos casos.
Una de las sorpresas que la defensa del principal imputado no se esperaba, fue que a este último le confirmaron la culpabilidad en 25 de los 26 casos, o sea solo en uno la absolvieron por falta de pruebas (el testigo de ese ilícito falleció antes del debate). Esto, también significó un claro respaldo al trabajo de investigación realizado por el fiscal Merlo.
Asi, a Di Benedetto, se le acreditaron: ciento tres (103) usos de documento falso, diez (10) falsedades ideológicas, ocho (8) estafas y dieciséis (16) tentativas de estafas, y la asociación ilícita.
Sala con importante asistencia
En este caso, a diferencia de lo ocurrido en los casi cinco meses de audiencias (las mismas comenzaron el 10 de mayo) la sala de los Tribunales venadenses se encontró con una importante asistencia de abogados, periodistas y de dirigentes políticos que acudieron al evento. Entre estos últimos se destacó la presencia de la diputada provincial, Clara García; junto al exsecretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza (denunciante en la causa), la diputada provincial; Rosana Bellatti y el intendente local, Leonel Chiarella.
De hecho, a la salida de la audiencia la mayoría de ellos participaron de una rueda de prensa donde manifestaron su conformidad con lo sucedido.
Una causa con historia
La historia comenzó en agosto del 2017, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunció que detectó en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo (caso Ferrari).
Así las cosas, luego se destapó una serie de casos similares con un mismo patrón de procedimiento que se fueron sumando, a lo que se convirtió en la megaestafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina (el patrimonio estafado alcanza la cifra de veinte millones de dólares).
Ante la magnitud de la causa, el fiscal Matías Merlo ( tomó el caso en junio del 2018 luego que el anterior fiscal, Juan Pablo Lavini Rosset ascendió a camarista) definió acordar un procedimiento abreviado con el objetivo de lograr una rápida condena de los implicados (con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas.
De esta forma, en los primeros días de abril del año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado para la mayoría de los acusados. Pero, luego fue el propio Di Benedetto (que el abreviado había logrado una pena mucho menor a la de hoy, seis años) definió dar marcha atrás y apelar lo que el mismo había previamente firmado, por manifestarse en contra de la calificación legal atribuida (jefe de la asociación ilícita). En ese momento, Merlo ya advertía de que se trataba de una estrategia “para dilatar su ingreso a prisión”
La historia continuó con la decisión que trascendió el viernes 12 de noviembre, donde un tribunal rosarino integrado por los camaristas: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, que declaró nulo el abreviado. Lo que implicó que los principales acusados (Di Benedetto y Jaime) fueran al juicio público cerrado hoy. Distinta es la situación de Sava, quien decidió no acordar el procedimiento abreviado desde un principio (no podía hacerlo porque tenía otra causa anterior) y su caso pasó directamente al juicio oral.
Otros 15 condenados
Además de los tres hombres a los que se les impusieron las penas en el juicio oral y público, fueron condenadas en juicios en los que se abreviaron los procedimientos otras 15 personas que integraban la asociación ilícita y cometieron las estafas inmobiliarias.
Los otros condenados son Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo, Adriana Karina Torres, Francisca Del Carmen Uncos, José Luis Mir y Marcelo Ariel Rodríguez.
Se viene la segunda
En otro orden, el fiscal Matías Merlo ya anunció que “la investigación continúa en relación a maniobras fraudulentas cometidas en otros 30 inmuebles del sur provincial“. En tal sentido, informó que “las imputaciones ya fueron realizadas y se avanza en la presentación de la acusación“.
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