El debate por los salarios de los empleados estatales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y sindical de Santa Fe. A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026 y con las paritarias aún sin abrirse formalmente, se profundiza el contrapunto entre el gobierno provincial, que niega la existencia de un atraso salarial, y los gremios, que advierten una fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos dos años.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue categórico ayer miércoles en Venado Tuerto. En el marco de una conferencia de prensa, garantizó que “las clases van a comenzar en tiempo y forma como comenzaron el año pasado” y volvió a rechazar las críticas sobre un supuesto desfasaje entre salarios e inflación. “Los empleados públicos no van a perder nunca con la inflación mientras yo sea gobernador, porque esa es la palabra que hemos dado”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su gestión prioriza “seguir discutiendo la calidad educativa”.
Las declaraciones se inscriben en una línea que Pullaro viene marcando desde el inicio de 2026. En distintas apariciones públicas, el mandatario insistió en que durante su gestión los salarios estatales “siempre le ganaron a la inflación” y prometió que las futuras ofertas paritarias “nunca van a estar por debajo de los niveles del IPC”. Incluso, utilizó una definición que sintetiza su posición: “Vamos a aumentar todo lo que nos dé el cuero”, aunque aclaró que las recomposiciones salariales deberán convivir con un esquema de austeridad fiscal y un plan de inversiones en obra pública.
Del otro lado, los gremios estatales y docentes cuestionan con dureza ese diagnóstico. Desde distintos sectores advierten que, más allá de recomposiciones puntuales, los haberes quedaron rezagados frente al costo de vida, especialmente desde el cambio de escenario económico nacional a fines de 2023. Dirigentes sindicales sostienen que la pérdida salarial no solo persiste, sino que se profundiza por el congelamiento de asignaciones familiares, la falta de concursos y el deterioro de las condiciones laborales.
En el sector de la salud, el malestar es particularmente visible. Representantes de AMRA y Siprus reclamaron la inmediata apertura de la paritaria 2026 y alertaron sobre una caída significativa del salario real y sus consecuencias en el sistema público. Denuncian renuncias crecientes de profesionales, falta de recursos humanos e insumos, y un impacto directo en la calidad de la atención. En términos similares se expresó ATE, que puso el foco en el encarecimiento de los servicios básicos y del alquiler, y en una pérdida acumulada que consideran incompatible con el discurso oficial.
El último incremento salarial otorgado por el gobierno provincial data de noviembre de 2025 e incluyó una compensación por el desfasaje inflacionario del período julio-octubre y una suma fija de $30.000 para los salarios más bajos. Sin embargo, la medida fue rechazada por la mayoría de los gremios, que la consideraron insuficiente y señalaron que no contempló la pérdida acumulada desde comienzos de 2024.
En este contexto, el conflicto ya empieza a traducirse en medidas de fuerza. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) realizó recientemente un paro de 48 horas y el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria. Aunque se abrió una instancia de diálogo, no hubo avances concretos.
Con el calendario escolar acercándose y un clima de creciente tensión sindical, el debate salarial aparece como uno de los principales desafíos políticos del gobierno provincial en el arranque de 2026. Mientras Pullaro sostiene que no existe atraso y promete que la inflación “nunca va a ganar”, los gremios anticipan un escenario de conflictividad si no hay una recomposición que, esta vez, logre cerrar la brecha entre los números oficiales y el bolsillo real de los trabajadores.