Representantes del Centro Agrotécnico Regional (CAR) de Venado Tuerto, donde ocurrió el sonado caso de la docente que denunció haber sido expulsada porque estaba embarazado, negaron que se haya tratado de un despido discriminatorio y aseguraron que no volverán atrás con la medida, mientras que el gremio de los docentes privados de Santa Fe sostiene lo contrario y le indilgó a la institución, entre otros planteos, tener trabajadores a los que les paga parte del sueldo en negro.
Así fue ventilado en la audiencia de conciliación desarrollada en la secretaría de Trabajo de Venado Tuerto para intentar encontrar una salida al aún irresuelto conflicto desatado por la desvinculación de la docente.
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ampliaron la denuncia contra el CAR al sostener en el organismo laboral que un instructor, al que identificaron como Joel, si bien cobra íntegramente el sueldo del Estado provincial “le hacen realizar tareas en campos privados del representante legal (de la institución escolar, Mario Huber,) y su socio”, por lo que anticiparon que pedirán la intervención del Ministerio de Educación de la provincia y la inmediata remoción del referido profesional.
El secretario gremial de la seccional Rosario de Sadop, Gustavo Monduzzi, contó que “hay muchos casos que no son denunciados por temor, por miedo a represalias. A Rocío, la joven docente embarazada de tres meses, le pidieron que renuncie para no manchar su legajo. Pero fueron ellos los que la echaron a pocos días de que culmine el ciclo lectivo”.
El gremialista se mostró indignado porque “le querían hacer decir a los alumnos de Rocío que ella no era una buena maestra para supuestamente justificar su expulsión del colegio. La verdad es que las cosas que nos cuentan que sucede allí son muy complicadas. En lo personal no tengo trato con Mario Huber ni tampoco lo conozco pero muchos profesores o ex alumnos hablan mal de él”, sostuvo.
Embarazada
A Rocío C., quien tiene 35 años, recibió el viernes 8 de noviembre una carta documento en donde le avisaban que estaba despedida, pero cuirosamente igual se presentó a trabajar el lunes 11. Es que ignoraba que su madre la había llamado insistentemente para avisarle que había llegado una carta documento ya que nunca pudo atender puesto que en el CAR “si te ven con un celular te hacen un sumario administrativo”, tal como consignó días atrás LaCapital en base a lo relatado en estricto off por fuentes consultadas.
Cabe recordar también que desde el entorno de la joven se mostraron asombrados por la decisión del representante legal de echar a Rocío por lo injusto del hecho y con el agravante de que la propia docente es egresada del CAR, cuya institución es considerada una de las más caras de la región ya que la cuota mensual ronda los 9 mil pesos.
Nota: Carlos Barbarich/ La Capital