El Concejo Municipal aprobó un pedido a las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia para que se modifique la ley 9.286 de Municipios y Comunas para prohibir el ingreso a la administración pública de quienes cuenten con condena por casos de violencia de género o sean deudores alimentarios. El proyecto fue impulsado por la concejala Liliana Rostom y contó con el aval de todo el cuerpo legislativo, que lo aprobó por unanimidad.
“El ingreso a todas las municipalidades se rige por la ley 9.286, donde se determina que no podrán trabajar quienes cuenten con deudas con el Estado, y que se debe presentar certificado de buena conducta. Nosotros le agregamos el inciso M, planteando que no podrán ocupar un cargo quienes tengan sentencia de segunda instancia por violencia de género para ingresar a cualquier municipio. También sumo el inciso N, haciendo referencia a quienes son deudores de cuota alimentaria”, explicó la impulsora del proyecto a LT29.
La referente de Nuevo Horizonte remarcó que el proyecto se enmarca en la realidad actual donde la violencia de género se hace más visible, requiriendo medidas para poder combatirla. Además “la falta de compromiso de cuota alimentaria no es solamente la cuestión del dinero, porque tiene que ver con la separación de los padres del hijo, que el niño crezca con resentimiento por esa falta de responsabilidad de su progenitor, escuchando a una madre que se queja de ella”.
Como el Municipio de Venado Tuerto no tiene facultades para legislar estas cuestiones, Rostom decidió elevar el pedido para que lo trate la Legislatura provincial, y entonces sí conseguir que esta restricción tenga vigencia en cada localidad: “Esto también abarcará a los cargos de gabinete y los concejales”, aclaró.
“Desde nuestro espacio político tenemos una seria convicción por respetar y hacer valer los derechos de los sectores vulnerables o transitoriamente afectados por conflictos de violencia familiar o de género. La progresividad de los derechos, y particularmente de las mujeres, debe impulsarse con tolerancia por parte de quienes ejercemos cargos públicos y encarnizamos la vida democrática diaria, pero siempre escuchando la voz de aquellos a quienes representamos, de otra forma no es posible concretar un verdadero bien común”, agregó la concejala.
La propuesta
El Concejo Municipal de Venado Tuerto formalizará el pedido a las cámaras de Diputados y Senadores para modificar la ley 9.286 en su artículo 11, añadiendo los incisos “M” y “N”. La redacción sugerida, que fue consensuada entre todos los ediles, es que se restrinja el ingreso a la administración municipal a quienes “sean parte de un proceso de violencia familiar o medida autosatisfactiva de segunda instancia en la cual haya recaído resolución que lo considere sujeto activo de las conductas previstas por el art. 1 de la Ley Provincial 11.529 o en el art. 4 de la Ley Nacional Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres)”.
En tanto, añade que tampoco podrán ocupar cargos quienes “se encuentren incluidos en el registro de deudores alimentarios morosos creado por Ley Provincial N° 11.945 y decreto del Poder Ejecutivo N° 1005 de fecha 27.04.06 que funciona en la órbita del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe”.