Según información difundida por Prensa de Policía Federal Argentina (PFA) una mujer de nacionalidad dominicana, de 62 años, fue retenida en Venado Tuerto por efectivos de la fuerza con el objetivo de avanzar con su expulsión del territorio nacional, luego de que se determinara que su permanencia en el país era irregular.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Penal Federal Coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo de Daniela Ghiorzi, y con intervención del Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo de Aurelio Cuello Murúa.
Según detallan, los efectivos llevaron adelante tareas de campo y averiguaciones de manera reservada, incluyendo vigilancias en la vía pública, hasta lograr individualizar a una mujer cuyas características coincidían con las establecidas en la investigación.
Posteriormente, la Policía Federal realizó una consulta ante la Dirección Nacional de Migraciones y, en cumplimiento de lo dispuesto por el magistrado interviniente, la mujer quedó retenida preventivamente en la dependencia de la DUOF Venado Tuerto.
Tras permanecer alojada en la sede policial, intervino personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal, que procedió a recibirla y trasladarla hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con las diligencias administrativas y judiciales vinculadas con su expulsión.
El nuevo marco migratorio
El procedimiento se produce bajo el régimen establecido a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modificó distintos artículos de la Ley de Migraciones 25.871 y reforzó las facultades del Estado para controlar el ingreso y la permanencia de personas extranjeras en el país. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2025.
Entre las modificaciones se incorporó la posibilidad de que la Dirección Nacional de Migraciones solicite judicialmente la retención preventiva de una persona extranjera. La legislación vigente establece que, cuando existe una orden de expulsión firme, la retención tiene como finalidad hacer efectiva esa medida y debe durar el tiempo estrictamente indispensable para concretarla. El plazo máximo previsto es de 30 días, prorrogable una sola vez por igual período.
La normativa también establece que la expulsión por causas que no estén vinculadas con la comisión de un delito implica una prohibición de reingreso de al menos cinco años, mientras que en determinados supuestos relacionados con delitos dolosos la prohibición puede ser permanente.
En el caso ocurrido en Venado Tuerto, la información difundida por la Policía Federal señala como fundamento de la medida la situación migratoria irregular de la mujer y no menciona que se encuentre imputada por un delito.
Una reforma cuestionada por organizaciones de derechos humanos
La modificación de la Ley de Migraciones generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las personas migrantes.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones, sostuvo que el Decreto 366/2025 restringe derechos de las personas migrantes y facilita los procedimientos de expulsión.
Al mismo tiempo, la legislación actualmente vigente mantiene mecanismos de revisión administrativa y judicial frente a decisiones que denieguen la permanencia, cancelen una residencia o dispongan la expulsión de una persona extranjera.
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