La investigación por el presunto circuito ilegal de autopartes descubierto esta semana en Venado Tuerto tuvo este viernes un nuevo capítulo con la audiencia imputativa y cautelar realizada en los Tribunales locales.
En la audiencia, el fiscal Iván Gastón Raposo imputó a S.G. como presunto autor de los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, en relación con los elementos secuestrados durante los procedimientos realizados el pasado 28 de julio en inmuebles de calle Suipacha. El imputado optó por abstenerse de declarar.
Por su parte, la Fiscalía y la defensa, representada por la abogada Ana Regidor, acordaron que el imputado recuperara la libertad bajo una serie de estrictas condiciones, acuerdo que fue homologado por el juez Leandro Martín
Los delitos atribuidos
De acuerdo con el acta de imputación, la Fiscalía sostiene que S.G. almacenaba y comercializaba autopartes usadas sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nacional 25.761. Además, le atribuye haber desarmado vehículos mediante cortes para comercializar ilegalmente sus piezas y mantener vehículos fuera de uso y autopartes en depósitos no habilitados ubicados en calle Suipacha al 50 y en un galpón de Suipacha y Urquiza.
El segundo hecho imputado corresponde al presunto delito de encubrimiento. Según la acusación, en los inmuebles inspeccionados fueron halladas camionetas, una motocicleta BMW, motores y otras piezas con numeraciones presuntamente adulteradas o apócrifas, además de otros elementos que, para la Fiscalía, el imputado poseía con conocimiento de su presunto origen ilícito.
Las evidencias reunidas
La imputación se sustenta en una extensa serie de actuaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), que incluyeron inspecciones, allanamientos, informes periciales y verificaciones de guarismos.
Entre las principales evidencias incorporadas aparecen el secuestro de dos camionetas Dodge RAM, una Toyota Hilux, una motocicleta BMW y varios motores que presentaban presuntas irregularidades en sus identificaciones, además de la clausura del inmueble de calle Suipacha al 60 por funcionar, presuntamente, como un desarmadero sin habilitación municipal.
La documentación también da cuenta de que, durante una inspección posterior, fueron contabilizadas cientos de autopartes, decenas de cajas de cambios y 48 motores, varios de los cuales presentaban anomalías en sus numeraciones y, en uno de los casos, un pedido de captura vigente por robo.
Libertad con estrictas restricciones
Tras el acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y el juez Leandro Martín dispuso la inmediata libertad de S.G. bajo una serie de estrictas pautas de conducta mientras continúa la investigación.
Entre las medidas impuestas figuran la obligación de constituir domicilio y comunicar cualquier cambio, presentarse semanalmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación para acreditar arraigo, comparecer cada vez que sea citado, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, no portar armas y no salir del país mientras dure la investigación.
Además, el magistrado le prohibió ingresar al inmueble clausurado de Suipacha 60, manipular, trasladar o comercializar cualquiera de los vehículos y autopartes allí secuestrados, así como desarrollar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de autopartes mientras no cuente con la habilitación correspondiente. También tendrá prohibido mantener contacto con los peritos verificadores.
Como garantía del proceso, deberá constituir un embargo equivalente a 15.000 dólares, que deberá acreditar en un plazo de 30 días.
Un apellido ligado a una causa histórica
La investigación volvió a colocar en el centro de la escena un apellido conocido en el ámbito judicial venadense. S.G. es la misma persona que estuvo involucrada en la resonante causa del desarmadero clandestino descubierta en 2005, uno de los expedientes de mayor repercusión en la historia reciente de la ciudad.
Aquella investigación también tuvo como epicentro un inmueble de calle Suipacha y derivó en el procesamiento de varios policías y un civil por un presunto circuito de desguace y comercialización de vehículos robados. Ocho años después, la Justicia descartó la existencia de una asociación ilícita, pero condenó a siete efectivos policiales por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En tanto, respecto del único civil involucrado, la acusación por asociación ilícita no prosperó y la causa por encubrimiento agravado terminó prescribiendo. Ese dato explica la sorpresa que generó entre los investigadores que, al solicitar los antecedentes penales de S.G. en el marco de la causa actual, constataran que no registra condenas penales, ya que el expediente de 2005 no derivó en una condena en su contra.
De todos modos, más de dos décadas después de aquel escandaloso caso, una nueva investigación encabezada por el fiscal Raposo vuelve a situar a S.G. en el centro de una causa vinculada con la presunta reducción, adulteración y comercialización ilegal de vehículos, motores y autopartes.