Esta mañana se desarrolló en el Concejo Municipal una reunión con representantes de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto y la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas (Fescoe) con el objetivo de abordar posibles acciones para controlar y prevenir el robo de cables que se viene dando en los últimos tiempos. A instancias de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal justicialista Sebastián Roma, se impulsa la creación de un registro de comercialización de metales ferrosos, que son los que se extraen de los cables y demás elementos eléctricos.
“Apostamos a regular la compra y venta de metales no ferrosos, como el cobre, bronce y aluminio, que están en el origen de las vandalizaciones a los transformadores de la Cooperativa Eléctrica y el robo de cables. Esa comercialización posterior está sin ningún tipo de regulación, por eso esta ordenanza busca establecer un primer paso con la creación de un registro donde la persona tenga que presentar su DNI, dar a conocer datos personales y lograr una trazabilidad entre el hecho delictivo y la compra y venta del material”, expuso Roma.
El objetivo es “frenar el robo de estos materiales y reducirle las pérdidas a la Cooperativa, además de otras cuestiones derivadas como el riesgo que asume la persona que extrae los cables o el incendio que muchas veces se genera porque estos elementos se prenden fuego para extraer los metales”, recordó.
El gerente de Fescoe, Germán Casalino, participó del encuentro y expuso que “esta problemática la sufren mucho las cooperativas, y en esta reunión se abordaron las posibilidades de intervención en toda la cadena, desde que se comete el delito hasta la venta del material robado, que básicamente es aluminio y cobre”, generando impacto negativo en la economía de las prestatarias del servicio eléctrico.
En la misma línea, el asesor legal de la Cooperativa Eléctrica local, Miguel Murtagh, consideró que “hay que poner más énfasis en algunas cosas, porque estos perjuicios se manejan en tres instancias: está el que roba, el que lo acopia y las empresas que hacen la fundición y lo venden o transforman en algún producto. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento porque impacta en todas las cooperativas de la zona, buscando la manera de tener controlados los lugares a partir de las habilitaciones”.
El abogado contó que junto al fiscal regional Matías Merlo en su momento trabajaron el robo de cables y demás elementos, logrando que las causas se unifiquen en una sola fiscalía, llegando incluso a algún fallo condenatorio.
“Hoy tenemos que coincidir el poder político y los afectados, sabiendo que el perjuicio también es para la persona que roba los cables que se expone a un alto riesgo para su salud, además de aquellos que sufren con las tensiones y la calidad del servicio. Y además hay que proteger a los trabajadores”, enumeró Murtagh.
Por último, el presidente del consejo de administración de la Cooperativa local, Ademar Aznar, celebró la convocatoria de los concejales y aportó que “estaba faltando una regulación de los acopiadores, porque eso nos permitiría acomodarnos a la legislación provincial, sumando una ordenanza que sume herramientas a nivel local”.