En la tarde de hoy se llevó a cabo la audiencia cautelar y la jueza de primera instancia, Sivina Marinucci decretó la prisión preventiva por 30 días para Sonia Roman, propietaria de los geriátricos ubicados en Santa Fe al 500 y en Dean Funés al 60 en Venado Tuerto.
La ahora detenida ayer había sido imputada bajo la carátula de abandono de persona seguido de homicidio culposo (en uno de los casos) y por abandono de persona agravado por lesiones (en otro dos casos). El fiscal a cargo de la investigación es Horacio Puyrredón y la defensa estuvo a cargo de la titular de la Defensoría Pública, Silvia Couselo.
La mujer de 47 años fue detenida el último martes posterior a los allanamientos realizados en los geriáricos de su propiedad. Así el primero de los casos que trascendió fue el de la mujer de más de 90 años que estaba internada en el hogar de la avenida Santa Fe y que fue encontrada por su sobrina en un estado de completo abondono. La posterior investigación determinó que la víctima se estaba desnutrida, deshidratada y con varios moretones en su cuerpo, “la médica forense indicó en su informe que su estado era de premuerte”, indicó Puyrredón. El último lunes, días después del comienzo de las investigaciones, la mujer culminó falleciendo.
Pero, además, la víctima se encontraba internada en el lugar con su hijo, que padece síndrome de Down, y que también estaba en estado de abandono. Por lo que el fiscal decidió también imputar a la propietaria por este caso.
A esto se le sumó una tercera denuncia realizada por dos hermanas que actualmente residen en las provincias de Neuquén y Córdoba, y tenían a su madre internada en el geriátrico de Deán Funes. Así, según denunciaron ambas mantenían asiduos contacto con está por videollamada y en las últimas oportunidades observaron una importante desmejoría. Por lo tanto, una de ellas definió viajar de urgencia a Venado Tuerto y se encontró su madre deshidratada en un estado de somnolencia continuo (luego le dijeron que era por el exceso de medicación que recibía) y con lesiones en la piel. La mujer fue derivada a un efector de salud y luego se recupero.
Lo cierto es que, hoy la jueza dio lugar a la petición del fiscal que reclamó la prisión preventiva, argumentando que la pena en expectativa para la acusada es alta, va de los 5 a los 15 años de cumplimiento efectivo. Además, Puyrredón agregó que existe peligro procesal debido a la conducta previa de la imputada, ya que se mostró reticente a los controles y por otra parte no pudo demostrar una actividad laboral distinta.