A pesar de que el veredicto fue dictado el pasado 14 de abril, recién este viernes se conoció oficialmente la condena a prisión perpetua para Matías Ernesto “Bicho” Álvarez, un reconocido narcotraficante oriundo de Venado Tuerto. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, lo encontró culpable de haber ordenado una serie de extorsiones y el brutal asesinato de Érica Ávalos, de 25 años, ejecutado con 17 disparos en la vía pública de la ciudad de Firmat, en la madrugada del 28 de diciembre de 2022.
El fallo unánime fue emitido por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, quienes lo consideraron autor del delito de extorsión en dos hechos consumados y uno en grado de tentativa, en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y agravado por el uso de arma de fuego. Todo esto, en carácter de autor por determinación, pese a estar detenido a más de 1.300 kilómetros de distancia, en la Unidad Penal N°6 de Rawson, Chubut.
La acusación estuvo a cargo del fiscal general Federico Reynares Solari, titular de la Fiscalía Federal Descentralizada de Venado Tuerto, y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero. El juicio había comenzado el 19 de marzo en los Tribunales Federales venadenses, y los fundamentos del fallo fueron conocidos el 23 de abril.
De vendedor de drogas a jefe de una red criminal
Matías Ernesto Álvarez, apodado “el Bicho”, no es simplemente un narcotraficante condenado: es el ejemplo más acabado del fenómeno de los “jefes criminales” que siguen operando con total capacidad de daño desde el encierro. Su historia es la de un joven que comenzó en el narcomenudeo en Venado Tuerto y fue creciendo hasta liderar una organización jerárquica con decenas de miembros, alcance regional, métodos mafiosos y conexiones que superaban los límites de la cárcel.
Álvarez arrancó desde abajo, vendiendo estupefacientes en los barrios periféricos de Venado Tuerto. Pero pronto entendió que el verdadero poder estaba en la organización y el uso de la violencia como método de control. Así formó una estructura vertical con un esquema operativo dividido en roles: distribuidores, “soldaditos”, sicarios, recolectores de “cuotas” extorsivas, y colaboradores para lavar dinero y mover la logística.
Según la Justicia Federal, Álvarez llegó a manejar alrededor de 50 personas, lo que lo convertía en el líder de una “superestructura delictiva” con capacidad para ejecutar balaceras, extorsiones, amenazas e incluso asesinatos por encargo.
Fue detenido en 2015 y enviado a la Unidad Penal N°6 de Rawson, en Chubut, donde cumplía una condena de tres años y medio por un robo calificado. Sin embargo, cuando aún estaba preso, fue procesado por una causa de tráfico de drogas, lo que motivó su traslado al penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires, el mismo donde están detenidos miembros de “Los Monos”, lo que alimentó especulaciones sobre vínculos entre bandas santafesinas.
Control del crimen desde la cárcel
A pesar del encierro, Álvarez seguía operando. Gracias a la tenencia ilegal de celulares dentro del penal, coordinaba extorsiones y ataques con su red. No era un jefe retirado ni testimonial: daba órdenes, cobraba “protección” a comerciantes e incluso organizaba ataques armados.
Uno de sus sellos era la violencia intimidatoria. A los comerciantes que se atrevían a denunciar públicamente la situación de inseguridad en los medios o redes sociales, les llegaba el mensaje: “Plata o plomo”. Si no pagaban, recibían ataques a tiros contra sus negocios.
Las víctimas lo identificaron sin margen de duda. Algunos testificaron que Álvarez los había contactado por videollamada desde la cárcel, mostrando su rostro y su voz para asegurarse de infundir miedo. Era una forma de demostrar poder y presencia incluso tras las rejas.
La interna narco: su propia pareja, atacada por orden suya
La lógica mafiosa del “Bicho” no dejaba márgenes. La única pareja conocida que tuvo, Micaela Bonetto, fue víctima de un ataque cuando intentó disputar espacios de poder dentro de la estructura. Un sicario le disparó con una ametralladora al auto donde viajaba y la hirió en una pierna. Ese ataque funcionó como advertencia para el resto de la organización: nadie tocaba el poder de Álvarez, ni siquiera alguien de su círculo íntimo.
Amenazas a funcionarios, fiscales y al intendente
La cadena de amenazas también alcanzó a dirigentes políticos y judiciales. Entre los destinatarios de sus mensajes estuvieron: Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto; la fiscal provincial, Susana Pepino; el entonces senador provincial, Lisandro Enrico; el juez federal Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; entre otros.
El mensaje era claro y brutal: “Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Están todos metidos en la bolsa. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona.”
Estas amenazas se produjeron en un contexto en que las autoridades estaban trasladando reclusos desde cárceles provinciales a federales, una política que incomodaba a muchos líderes narcos que perdían control sobre su zona de influencia.
El crimen de Érika Ávalos
La causa que selló la prisión perpetua de Álvarez fue el asesinato de Érika Ávalos, una joven de 25 años, baleada con 17 disparos mientras caminaba por Firmat en la madrugada del 28 de diciembre de 2022.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas irrefutables de que Álvarez había ordenado el crimen desde la cárcel. La víctima había sido amenazada días antes por el propio “Bicho”:
Érica Ávalos fue abordada por dos hombres en moto que le dispararon 17 veces en las calles San Juan y Tiro Federal de Firmat. Murió tres días después en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Según relató su hermana en el juicio, la joven ya temía por su vida: “Me van a matar, se pudrió todo, me tengo que ir”, escribió en un mensaje de Facebook apenas 48 horas antes de su ejecución.
Los jueces no dejaron dudas sobre el rol de Álvarez en el asesinato. “Fue quien pergeñó el plan delictual para concretar las extorsiones y provocar la muerte de Ávalos mediante la utilización de un arma de fuego y en las condiciones cruentas en que finalmente ocurrió”.
Los jueces consideraron que la autoría intelectual del crimen por parte de Álvarez estaba probada, y lo sentenciaron a prisión perpetua, por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en el contexto de una organización criminal.
Un patrón criminal que se mantuvo desde prisión
El tribunal resaltó que Álvarez dirigía las operaciones desde su lugar de detención valiéndose de celulares que le permitían impartir órdenes directas a sus subordinados. “El acusado digitaba las conductas de otras personas que se encontraban bajo sus órdenes, pese a encontrarse detenido en una unidad penitenciaria a mucha distancia de donde ocurrieron los hechos”, señaló el juez Ferrero en su voto.
La organización criminal, según se acreditó en el juicio, operaba con una lógica que persiste aún con sus líderes tras las rejas, favorecidos por la connivencia con agentes del Servicio Penitenciario. Audios, videollamadas, capturas de pantalla y testimonios reconstruyen cómo Álvarez mantenía el control de su red, incluso enviando amenazas y ordenando ataques.
Uno de los elementos clave fue la videollamada que realizó a una expareja, Micaela Bonetto, a quien mandó a balear y luego le advirtió: “Viste hija de puta que yo te iba a matar”, antes de ordenar los disparos. Esa escena fue tomada como antesala del homicidio de Ávalos. A la propia víctima, días antes de ser asesinada, le advirtió por audio: “Si a Micaela le di dos tiros, a vos, loca, te mando al hospital de una. A vos van todos en la panza”.