La organización Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) celebra el acuerdo arribado con la empresa Tarjetas del Mar SA, que ofrece el servicio de la tarjeta del supermercado La Anónima, y deberá reintegrar el dinero cobrado en concepto de gestión de cobranzas.
Esta demanda colectiva fue tramitada ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de Segunda Nominación de Venado Tuerto, a cargo de Gabriel Carlini, y tiene alcance nacional. De este modo, se estima que la empresa deberá bonificar unos 32 millones de pesos a los usuarios que habían sido perjudicados con este cobro indebido.
El representante de UCU en Venado Tuerto y General López, José María Conzoli, fue quien llevó adelante la acción judicial en noviembre de 2016, y terminó con un acuerdo entre las partes que fue homologado por el juez en junio de este año.
“Es el primer acuerdo de su estilo en este ámbito judicial. La empresa Tarjetas del Mar ofreció una bonificación para los consumidores involucrados, cuyo monto resulta razonable en este contexto y estadio procesal del expediente por la suma de 32 millones de pesos”, indicó el abogado.
Parte de ese dinero se reintegrará a favor de los clientes activos mediante acreditación automática en la cuenta de tarjeta de crédito; en cambio, los clientes que ya no cuentan con la tarjeta podrán recibir la bonificación mediante una solicitud en cualquier sucursal de la empresa Rapipago.
José María Conzoli, representante de UCU.
De cara al futuro, la empresa se compromete a dejar de cobrar el cargo en cuestión, quedando solamente la posibilidad de trasladar a los consumidores mínimos costos vinculados con las advertencias al consumidor acerca de la mora (envío de hasta seis mensajes de texto, cinco llamadas y una carta simple).
Cualquier otro gastos que la empresa realice tendiente a comunicar o intimar a sus clientes deudores, corresponderá por cuenta y orden de la empresa, no pudiendo ser trasladado a los consumidores. “Estamos muy satisfechos porque traerá una mejora sensible en la situación de los deudores morosos de la empresa”, valoró Conzoli.
La medida alcanza a todos los usuarios que pagaron por el concepto de gestión de cobro desde tres años antes del inicio de la demanda (noviembre de 2016) y hasta la suscripción del convenio. Se estima que son más de 240 mil titulares de tarjeta.
En caso que quede algún remanente de dinero porque el damnificado no lo retira (esto incluiría sólo a quienes ya no son clientes de la tarjeta), el juez ordenó que el 50 por ciento se destine a organizaciones de defensa del consumidor y el 50 restante al Hospital Alejandro Gutiérrez de nuestra ciudad.