El Concejo Municipal aprobó la implementación de un programa denominado Compromiso de Devolución Social, que le permitirá a los infractores que hayan sufrido el retiro de su vehículo en este proceso de pandemia, poder recuperarlo y suscribir un convenio para cumplir con el pago de sus multas a partir de diciembre.
El proyecto fue impulsado por la concejala Liliana Rostom y se convirtió en ordenanza este miércoles, luego de un par de semanas de debate. Está destinado para los propietarios de vehículos y motos retenidos y/o secuestrados por violación al DNU 297/20, que ordenó el aislamiento social preventivo y obligaotrio y el artículo 205 del Código Penal que estipula como delito su incumplimiento.
“Consistirá en un convenio que el vecino celebrará con el Municipio y por el que se comprometerá a regularizar sus deudas a partir de diciembre de 2020, el que podrá ser prorrogado si fuera necesario, y a entregar la documentación faltante requerida en un plazo de tiempo que el propio acuerdo preverá, pudiendo optar para hacerlo por un plan de facilidad en cuotas o trabajo comunitario que le asignará el Municipio”, detalló Rostom.
El Municipio debe llevar a cabo un seguimiento de la situación para corroborar el cumplimiento en término por parte de los titulares firmantes, procediendo si así no fuera a retenerles nuevamente el vehículo.
El acuerdo
La propuesta de la concejal de Nuevo Horizonte obedece a que los controles de tránsito que se están llevando a cabo desde el inicio de la cuarentena en forma conjunta por el Municipio, el Ministerio Público de la Acusación y eventualmente Gendarmería Nacional, tienen por objetivo hacer efectivo el cumplimiento de las medidas y horarios de circulación dispuestos por las autoridades nacionales y locales, como así también el contralor del cumplimiento de la documentación vehicular necesaria.
“En caso que las autoridades adviertan la infracción de algunos de los puntos antes señalados, se procede a retener el vehículo y trasladarlo al corralón municipal. Asimismo, si el conductor se encuentra circulando fuera de los horarios permitidos y sin los permisos habilitantes de circulación exigidos a raíz del Covid, el MPA puede proceder a formar una causa”, amplió Rostom.
Muchos de estos vehículos tienen la documentación incompleta y acarrean deudas por multas o demás irregularidades. A raíz de esto, aún después de que el titular abone el depósito judicial por el monto de 5 mil pesos (ahora sería de 6 mil pesos) requerido por la Justicia, los conductores no pueden retirar sus vehículos del corralón, con motivo de no poder regularizar la restante documentación.
Situación extraordinaria
Con este Compromiso de Devolución Fiscal se podrá establecer un plan de pago o incluso acordar la realización de trabajo comunitario. Así, mientras tanto podrán volver a contar con su vehículo. Quedan exceptuados la licencia de conducir y la póliza de seguro, que en cualquier caso deberán presentarse.
“Estamos hablando de una situación extraordinaria, donde muchas personas vieron mermados sus ingresos o incluso perdieron sus fuentes laborales. En muchos casos, el vehículo que les secuestraron es su único medio de movilidad, con el que asisten a familiares mayores o enfermos, o incluso con el que llevan a cabo sus labores, de manera que no poder utilizarlo les representa un perjuicio mayor”, completó Rostom.