Un fiscal general solicitó penas de hasta 18 años de prisión para los cinco acusados de integrar una banda narco que operaba en Venado Tuerto, presuntamente liderada y financiada por Matías Álvarez, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz , a su vez, está imputado de atentar contra una mujer investigada en la misma causa, informaron hoy fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por el fiscal general Fernando Arrigo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario, durante los alegatos realizados en el marco del juicio oral y público que comenzó el 6 de febrero pasado y se desarrolla en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto.
De acuerdo con lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dio por acreditado que Matías Álvarez lideraba desde la cárcel una organización narcocriminal junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Aranda y Daniel Antonio Núñez.
Además, a Álvarez se lo acusa de haber ordenado disparar contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, atentado ocurrido el 29 de noviembre de 2018.
La operación fue dirigida telefónicamente por Álvarez desde la cárcel, quien también suministró los elementos para concretarla y señaló a la víctima, de acuerdo con la acusación.
A raíz de ello, el fiscal Arrigo pidió al TOF 2 rosarino que se lo condene a 18 años de prisión como autor de los delitos de “organizador y financista de la banda; de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego; y por el transporte de sustancias estupefacientes”.
Como Álvarez ya había recibido una condena previa, Arrigo solicitó que se unifiquen las penas en 21 años de cárcel y que se lo declare reincidente.
En tanto, el representante del MPF pidió 9 años de prisión para González por los delitos de “tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.
González también cumplía una sentencia en una cárcel, por lo que Arrigo pidió una unificación de penas en 13 años y que se lo declare reincidente.
En el caso de Luciano Álvarez y Núñez, el fiscal pidió siete años de prisión por los delitos de “tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”.
Al igual que su hermano, Luciano Álvarez cumplía una condena por otros hechos, por lo que Arrigo pidió una pena única de 7 años y medio de cárcel y la declaración de reincidencia.
Mientras que, para Aranda, el MPF solicitó 9 años de prisión por “tráfico de estupefacientes en las modalidades de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas organizadas para cometerlo”.
En su alegato, el fiscal hizo hincapié en el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.