El juez penal Mauricio Clavero, que dictó el fallo que derivó en la demolición de dos inmuebles sobre calle Pavón, destacó que se trata de una herramienta fundamental para combatir al narcotráfico, que no sólo permite desactivar puntos que ya están marcados para la venta de estupefacientes, sino que además se trata de una medida con fuerte valor simbólico.
“Está previsto en el código de procedimiento de Santa Fe tras la reforma realizada en la actual gestión provincial, con varias leyes que introdujeron cambios, entre ellos la persecución y el juzgamiento del microtráfico por parte de la Justicia Penal, incorporando en caso de cumplirse una serie de requisitos, la posibilidad de derrumbar inmuebles que sean utilizados para la comercialización de estupefacientes y recuperar esos espacios”, precisó el magistrado en diálogo con VerTV.
En el caso de calle Pavón al 1800, donde se demolieron dos construcciones, la fiscalía representada por Iván Raposo “presentó abundante información acreditada por las autoridades, donde había tres personas vinculadas con los domicilios en prisión preventiva que habían sido detenidas en los inmuebles que posteriormente fueron derrumbados, con la presumible tenencia de estupefacientes para la comercialización”, y destacó que se hubo gran cantidad de denuncias de vecinos por diferentes situaciones ocurridas en el lugar a lo largo de los años, con hechos delictivos e incluso de sangre.
En esas dos construcciones, ubicadas una enfrente de la otra, ya había intervenido la Justicia Federal deteniendo a personas por comercialización de estupefacientes. “Luego esos inmuebles fueron ocupados por otras personas que siguieron comercializando, es decir que había una cadena de hechos similares cometidos por diferentes personas en el mismo domicilio”, expuso Clavero.
Entre otras razones, esto ocurre porque “quienes consumen estas sustancias ya tienen al lugar como punto de referencia y se continúa con la actividad ilícita con otras personas de la organización delictiva”. Por eso la demolición aparece como una posible solución, más aún al tratarse de “lugares que son usurpados, por eso se determina que no pueden ser entregados como vivienda social a quienes lo necesitan. Primero porque son construcciones precarias que se amoldan a la venta de estupefacientes, incluso una de las viviendas no tenía sanitario”, recordó.
Así, el juez interpreta que “entregarle ese lugar a una familia es entregarle un problema, porque las organizaciones delictivas lo quieren recuperar a través de la violencia”. Por eso, entendió en el caso de calle Pavón que “no había posibilidad de sostener la construcción con otra finalidad, como se ha dado en Rosario donde hubo inmuebles asignados a ONG’s para permitirle al barrio crecer en ese sentido”.
En definitiva, Clavero está convencido que la medida adoptada resulta beneficiosa para toda la comunidad: “El problema no se termina metiendo presos a quienes comercializan estupefacientes, sino que la organización delictiva ubica a otras personas que se dedican a lo mismo en el mismo lugar. Por eso el derrumbe permite recuperar lugares y combatir al narcotráfico ganando en la batalla. Por eso esto tiene un fuerte valor simbólico”.