En un trámite expres, y con 27 votos a favor, 9 abstenciones y 8 votos en contra, la Cámara de diputados aprobó el jueves la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 “Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”, que reemplaza la instancia judicial en casos de accidentes o enfermedad laboral por una comisión médica (habrá 13; 8 fijas y 5 móviles) que tendrán la tarea de evaluar cada caso. Estas estarán bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos de trabajo, que son las mismas que administran las propias ART.
De esta manera, se obliga a quienes trabajan en el territorio provincial y sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a tener que transitar previamente por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, prohibiendoles optar libremente por ir directamente a la Justicia del Trabajo, cuando lo consideren más conveniente a sus derechos.
La diputada provincial por el Frente de Todos, Paola Bravo, votó en contra de estas ley por considerarla abusiva y en perjuicio de las y los trabajadores de Santa Fe, considerando que la ley “viene a cambiar los términos del conflicto, mostrando como víctimas a las empresas y a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y mostrando como victimarios a las y los trabajadores, a las y los abogados laboralistas y a los jueces del trabajo. No es más que un resabio del Gobierno nacional anterior, de Mauricio Macri, que intentó modificar el destino protectorio de las leyes, pero no protegiendo a las y los trabajadores, que es es el eslabón más débil de la cadena, sino protegiendo a las empresas y a las ART”.
La diputada venadense fue muy crítica a esta normativa. Para Bravo, “las empresas lo único que quieren es bajar el costo laboral, lo que no nos dicen es que la prevención y la indemnización también son un costo laboral para ellas”.
“Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo obtienen sus ganancias en su capacidad de invertir el dinero durante el tiempo entre que cobran las primas, hasta que en algún momento pagan”, acotó. Considerando luego que “No son más que empresas especuladoras. Si queremos hablar en serio, trabajemos para que las primas sean más bajas, pero no metiendo palos en la rueda a los trabajadores de nuestra provincia”.
Uno de los puntos que defienden quienes están a favor de esta adhesión a la Ley Nacional y votaron a favor de ella, es que detrás de los accidentes laborales se ha erigido una especie de ‘industria del juicio‘ en perjuicio de las empresas y en favor de abogados y empleados, y que esta modificación y bajará la litigiosidad y agilizará el sistema.
Respecto a esto, la diputada Bravo, en sintonía con el diputado Marcos Cleri, manifestó: “si hay algún tipo de industria es la del incumplimiento de las leyes laborales. La judicialización se da por las grandes falencias del sistema de prevención, por las malas condiciones en los establecimientos donde están los trabajadores y por el rechazo sistemático que tienen las ART a las enfermedades que no están dentro de la lista de enfermedades profesionales”.
En lo que respecta a la promesa de que el trabajador ahora podrá agilizar el trámite y cobrar más rápidamente que yendo a un juicio y advirtiendo que la obligatoriedad de acudir a las Comisiones Médicas es inconstitucional, la diputada del Frente de Todos, esgrimió: “Renunciar a parte de la indemnización que le corresponde a cada uno de los/las trabajadoras en pos del tiempo me parece que no es negocio. Además, las Comisiones Médicas, ahora, serán una instancia administrativa previa y obligatoria. Esto es claramente inconstitucional, porque viola varios derechos, como el del juez natural y la supremacía constitucional; también desconoce el poder jurisdiccional de las provincias y, por ende, la forma republicana del Gobierno. Las Comisiones en la práctica no investigan el verdadero hecho ni cuál fue el nexo causal que tiene un accidente laboral o una enfermedad; no van a hacer una inspección ocular de cómo está trabajando ese trabajador, mucho menos pide la documentación necesaria y obligatoria que tienen que tener las empresas y las ART en cuanto a seguridad e higiene”.
“Para mi es un claro efecto extorsivo, porque se impone al pobre trabajador a recibir la plata en ese momento o esperar un juicio. Me parece que es una canallada. Lo único que les importa a las ART es pagar lo menos posible, por lo tanto, siguen lucrando con la salud de los trabajadores. La salud de los trabajadores no se negocia”, manifestó la diputada venadense Paola Bravo.
Por último, dejando en claro sus orígenes peronistas y fundamentando el voto negativo de esta ley que vulnera los derechos de los trabajadores, Paola Bravo exclamó: “Para los que nos sentimos peronistas, leales de corazón, entendemos que hay una sola clase de hombres y mujeres, y son los y las que trabajan. A ellos, a los trabajadores y a las trabajadoras de mi provincia es que reivindico y por eso voté negativamente esta ley”.