Días después de la fuerte polémica desatada por el Gobierno de Santa Fe tras la anulación de un polémico allanamiento realizado mediante el sistema de flagrancia virtual, la Justicia le dio un nuevo giro al caso.
Es que el juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, Tomás Orso, revocó la resolución de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado inválido el procedimiento efectuado luego de una balacera ocurrida el pasado 19 de junio en Rosario. Sin embargo, el magistrado aprovechó el fallo para enviar un mensaje institucional de al Poder Ejecutivo provincial por las críticas públicas que recibió la jueza tras su decisión.
La polémica que enfrentó al Gobierno con la Justicia
El caso había escalado públicamente luego de que la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, saliera a cuestionar con dureza el fallo de Aguirre Guarrochena.
La funcionaria defendió el uso del sistema de inteligencia artificial Lince y de la figura de la flagrancia virtual, remarcando que se trata de herramientas previstas por la legislación vigente para combatir el delito. Incluso sostuvo que la resolución judicial respondía a “una mirada garantista” y lanzó una frase que generó fuerte repercusión: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas“.
Las declaraciones se produjeron luego de que la magistrada entendiera que no existía la urgencia exigida por la ley para justificar un allanamiento sin orden judicial, ya que la medida se había concretado unas doce horas después del ataque armado.
Orso revocó la nulidad
En su resolución, Orso sostuvo un criterio diferente, ya que consideró que la urgencia no debe computarse desde el momento en que ocurrió el delito, sino desde que el sistema de videovigilancia identifica positivamente a los sospechosos. Bajo esa interpretación entendió que el allanamiento fue realizado con la rapidez necesaria, ya que transcurrieron apenas algo más de dos horas entre el reporte positivo del sistema Lince y el procedimiento policial. Por ese motivo revocó la nulidad dictada en primera instancia.
Al mismo tiempo, aclaró que los allanamientos sin orden judicial constituyen una excepción y remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, recomendando al Ministerio de Seguridad que el sistema deje constancia precisa de la fecha y hora de cada reporte y que estas medidas se ejecuten con la mayor inmediatez posible.
Respaldo a la independencia judicial
Más allá de resolver la cuestión procesal, el tramo más significativo del fallo aparece sobre el final de la resolución. Allí, Orso cuestionó expresamente las manifestaciones públicas realizadas por integrantes del Gobierno provincial contra la jueza Aguirre Guarrochena.
“Las expresiones de funcionarios del Gobierno Provincial realizadas, sin mayor decoro, en contra de la magistrada interviniente desconocen la división de Poderes y merecen mi total repudio“, sostuvo el camarista.
El magistrado agregó que la jueza actuó “en forma técnica y adecuada a su función” y advirtió que ese tipo de declaraciones “no solo implican un cuestionamiento a un fallo judicial y a quien emitió el mismo sino también resultan un claro ataque a la independencia judicial“.
Finalmente, en la parte resolutiva del fallo dejó asentado formalmente “su enérgico rechazo a las irrespetuosas consideraciones efectuadas públicamente por integrantes del Poder Ejecutivo Provincial” contra la magistrada.
De este modo, el fallo termina con una doble lectura: por un lado, convalida una de las herramientas que el Gobierno de Santa Fe considera clave en su política de seguridad; por otro, marca un claro límite institucional al advertir que las diferencias con las decisiones judiciales deben canalizarse por las vías recursivas y no mediante descalificaciones públicas a los magistrados.