El juez de Cámara Tomás Orso rompió el silencio y defendió públicamente su decisión de declarar prescripta la acción penal contra Antonio Di Benedetto en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria 2. En una entrevista con Venado24, sostuvo que actuó en base a un criterio jurídico consolidado, que ya aplicó en casos anteriores, y subrayó que el verdadero problema de fondo es “la falta de respeto a los plazos en la Justicia”.
“La acción penal estaba muerta”, dijo sin rodeos. “Nos tenemos que hacer cargo de los plazos. En esta causa pasaron cinco años entre la denuncia y la acusación fiscal, y entre siete y nueve años desde los hechos. Mientras más tiempo pasa, más lejos queda la justicia”, sostuvo.
La resolución del magistrado generó un fuerte rechazo por parte del fiscal regional Matías Merlo, quien anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Santa Fe. También el intendente Leonel Chiarella se sumó a las críticas, acusando a Orso de favorecer a “un delincuente de guante blanco” y tildando el fallo de “locura jurídica”.
Ante eso, el magistrado no solo defendió su actuación, sino que llamó a mantener la independencia del Poder Judicial: “Los jueces debemos estar preparados para dictar fallos que no nos agradan. No estamos para caer bien, sino para aplicar el derecho”, sostuvo.
El fallo
Orso explicó que su interpretación se basa en un criterio ya utilizado por él en una causa anterior en Rosario, y que el acto procesal que interrumpe la prescripción no es la audiencia imputativa, como indicó Merlo en su critica, sino el requerimiento de acusación fiscal.
No obstante, afirmó: “El Código Penal no es claro en este punto, pero por cómo están redactadas las leyes, entiendo —y ya lo he resuelto antes— que la imputación no interrumpe la prescripción. Cambiar ese criterio sin una nueva ley sería una arbitrariedad, y los jueces debemos ser coherentes con nuestros propios precedentes”. Y, si bien aceptó que hay criterios diferentes hasta con sus pares de Cámara, insistió que él ya falló en otros casos con el mismo principio y que ahora es coherente con sus determinaciones.
A la vez respondió a los cuestionamientos de Merlo que argumentó que el acuerdo abreviado firmado por Di Benedetto en 2022, también interrumpió la prescripción. “Ese proyecto fue anulado. No tiene valor jurídico. Es como si nunca hubiera existido”, aclaró.
Y, finalmente, insistió que tampoco la condena en la causa anterior interrumpe la prescripción porque “no está firme, ni siquiera llegó a la Corte Suprema de Santa Fe”.
“Un buen juez debe dictar fallos que no le agradan”
Consultado por el impacto social del fallo y por la posibilidad de que Di Benedetto quede exento de un nuevo juicio pese a la magnitud de los hechos investigados, Orso fue sincero: “Sí. Es un mal síntoma judicial. Si me preguntás como ciudadano, claro que sí. Pero como juez, no. Hay una frase que me gusta mucho: ‘un buen juez debe estar preparado para dictar sentencias que no le agradan’”.
“Los jueces debemos aplicar el derecho y la Constitución, aunque los fallos generen indignación. La gente no entiende por qué alguien que cometió un delito ‘la saca barata’ o ‘la saca gratis’, pero hay tiempos que deben cumplirse. El fondo del problema está ahí: en cómo nos hacemos cargo —o no— de los plazos”, remarcó.
Críticas, presión y división de poderes
Consultado por las declaraciones del intendente Chiarella y por la publicación de su imagen en redes sociales, Orso fue contundente: “Entiendo que hoy todo se publica en redes, y los jueces debemos estar preparados para rendir cuentas. Pero una cosa es dar explicaciones y otra es recibir presiones. La independencia judicial no puede ceder ante la presión pública o política”.
También recordó que en la Megaestafa Inmobiliaria 1 él mismo resolvió a favor de la Fiscalía: “Confirmé una prisión preventiva y rechacé una libertad. No tengo ningún interés personal en beneficiar a nadie. Aplico el derecho según cada caso”.
En relación al impacto social del fallo, Orso reconoció que “estos son fallos que indignan al ciudadano medio” y que la lógica procesal muchas veces entra en tensión con el sentido común: “La gente se pregunta por qué alguien culpable queda libre. Pero si la causa prescribe, aunque sepamos que el hecho existió, el derecho nos impide seguir. Es frustrante, pero así funciona el sistema”.
“Si queremos justicia, necesitamos plazos reales”
Para cerrar, Orso volvió a apuntar a una deuda estructural del sistema judicial: “No puede valer lo mismo que se cumplan plazos y que no. Hay que repensar seriamente la gestión judicial. Se necesita una auditoría externa, metas claras y consecuencias. Porque sin plazos, no hay justicia. Y eso, hoy, lo pagan las víctimas”.
Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que tendrá la última palabra. La fiscal Mayra Vuletic, a cargo del caso, tiene diez días para presentar el recurso extraordinario que buscará revertir la prescripción dictada por Orso.