Dos mujeres de la ciudad de Venado Tuerto, Laura D. y Victoria C. (madre e hija), reclamaron ante la Justicia que la entidad bancaria de la que son clientas les comunique en forma fehaciente los motivos de un embargo recibido, a través del cual les debitaron 48 dólares y 100 mil pesos de sus cajas de ahorro.
En esta presentación realizada a través de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), el juez de Primera Instancia de Circuito, Martín Chasco, admitió la medida autosatisfactiva promovida por las dos mujeres y ordenó al Banco BBVA a informar en el plazo de cinco días corridos “en forma adecuada, veraz, cierta, clara, detallada y con el respaldo documental correspondiente”, la causa de los débitos efectuados el pasado 26 de diciembre de 2025.
Patrocinadas por el abogado José María Conzoli, madre e hija relataron que son clientas desde hace años de la mencionada entidad bancaria, habiendo contratado los servicios de caja de ahorros en pesos y moneda extranjera. Al sufrir los descuentos, sólo se consignó que se trataba de “Embargo”, sin mayores precisiones. Al desconocer los motivos de los mencionados débitos formularon reclamos en forma personal sin recibir respuesta alguna, motivo por el cual el pasado 7 de enero intimaron formalmente a la entidad bancaria para que cumplimente con el deber de información hacia las usuarias.
José María Conzoli, representante de UCU.
“Pese al tiempo transcurrido, el banco no ha cumplido, no dio respuesta y tampoco procedió al reintegro de los fondos”, motivo por el cual avanzaron en esta medida autosatisfactiva. El objetivo es claro: “Que el BBVA informe en forma clara, precisa y detallada el motivo de los debitos”.
Entre los argumentos de su resolución, el juez Chasco remarca que las clientas “tienen el derecho consagrado constitucional y legalmente a que se le suministre información en forma adecuada y veraz, en forma gratuita y con la claridad necesaria que permita su comprensión”.
Si bien existe un corre electrónico emitido por el banco que sostiene la existencia de un embargo por un proceso tramitado en la provincia de Córdoba, “esa comunicación no satisface las exigencias establecidas en relación al derecho a la información en beneficio de la parte consumidora“. Y agrega que “a raíz de la falta de conocimiento que les provoca el incumplimiento de la obligación de informar de la proveedora, no cuentan con los elementos suficientes para determinar cuáles son los pasos a seguir con respecto a esos débitos“, encontrándose en una permanente y continua situación de incertidumbre, no sabiendo con precisión si se realizaron sin derecho alguno, o si los mismos tuvieron su causa en deudas u obligaciones que recaían sobre ellas, para poder adoptar las medidas que estimen pertinentes al respecto.