La investigación federal que el fin de semana dejó al descubierto una estructura narco con presencia en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat sumó este miércoles un avance clave: once personas fueron imputadas por integrar la organización y siete de ellas quedaron con prisión preventiva. La audiencia, realizada ante el juez Aurelio Cuello Murúa, profundizó las derivaciones del operativo en el que Gendarmería secuestró casi 4,5 kilos de cocaína (el mayor decomizó desde la creación del Juzgado Federal en Venado Tuerto) y concretó nueve allanamientos en distintos puntos de la región, incluidos procedimientos en la Alcaidía de Melincué y el Instituto Modelo de Coronda.
Los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada presentaron la acusación formal contra los once integrantes de la banda, que operaba con distintos roles de provisión, transporte y distribución de estupefacientes. A pedido de la Fiscalía, el magistrado dispuso la prisión preventiva de Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B. y Ayelén C. (esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario).
Los otros cuatro investigados (Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A.) también quedaron imputados, aunque dos de ellos ya se encontraban detenidos por causas en el fuero provincial. Según la investigación, Manuel E. y Carina A. trasladaban los cuatro “ladrillos” de cocaína ocultos en un vehículo perteneciente a Adrián C. cuando fueron interceptados en un control sobre la ruta 90, cerca de Elortondo.
El cargamento secuestrado, valuado en alrededor de 100 mil dólares, es decir, más de 150 millones de pesos, constituye el mayor decomiso de cocaína desde la creación del fuero federal en Venado Tuerto. La pesquisa, iniciada en abril a partir de denuncias ingresadas en el Buzón de la Vida y cruzada con otro expediente en el que en febrero había caído un clan familiar de Villa Moisés, permitió identificar a proveedores, transportistas y vendedores que abastecían puntos de venta en varias ciudades de la región, con conexiones activas incluso desde unidades penitenciarias.
La causa continúa bajo las normas del Código Procesal Penal Federal, vigente en la jurisdicción desde mayo, y no se descartan nuevas medidas ni posibles derivaciones hacia otros integrantes de la estructura.








