Finalmente, luego de una larga historia con final “casi cantado” el Gobierno Nacional decidió rescindir los contratos con la empresa Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F (en este último estaba incorporada la construcción de la autopista 33 de Rufino a Rosario).
En realidad, la Nación comenzó un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales del esquema de Participación Público- Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, frente las irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones.
De hecho el pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
Finalmente el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló: “El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”. Además agregó que “el costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.
Cabe recordar que pocos meses antes del cambio de la administración nacional, el 21 de agosto del 2019, la empresa Helport S.A comenzó a desmantelar el obrador que se encontraba instalado a unos 1500 metros de la ruta en un camino cercano a la estación de peaje de Venado Tuerto. Con esta acción se comenzó a desmoronar definitivamente el avance de una obra que finalmente nunca “culminó empezando”, a pesar de los carteles y de la instalación del obrador.
Esquema de Participación Público – Privada (PPP) macrista
En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%.
Además, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4.000 km, pero solo hicieron 6 km.
En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.
Estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018.
En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras.
Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos.
Fuente: Venado 24/ Ámbito
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