Con pancartas, aplausos sostenidos y un reclamo que se repite sin respuestas, profesionales de la salud, transportistas, personas con discapacidad y sus familias volvieron a marchar esta mañana por el centro de Venado Tuerto. La movilización —que partió desde calle Belgrano y 25 de Mayo (frente a la cátedral)— fue parte de una nueva jornada nacional de protesta contra el ajuste en discapacidad, en reclamo de la efectiva aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Gobierno promulgó pero mantiene suspendida.
“Seguimos en la calle porque la ley no se está cumpliendo. Hace un año que no percibimos aumentos y muchas prestaciones están siendo limitadas o directamente recortadas”, explicó Débora Di Bene, terapista ocupacional y una de las voceras locales, en diálogo con Radio Jota durante la manifestación.
“Se ajustó por donde no se debía”
El testimonio de Di Bene sintetiza el clima de hartazgo que atraviesa al sector. “La situación es muy compleja. El último aumento oficial fue en octubre del año pasado y recién se percibió en diciembre, de apenas un 0,5%. Desde entonces, nada. Y mientras tanto los alquileres, los materiales, los seguros, todo sube”, relató.
La profesional remarcó que los centros de día y los espacios terapéuticos están al límite: “Muchos no pueden sostener la alimentación o las actividades básicas de las personas con discapacidad porque no hay fondos suficientes. Se ajustó por un lugar que no se debía haber ajustado. Son los más afectados y perjudicados en todo esto”.
La ley que no se aplica
El trasfondo del conflicto está en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en septiembre, pero cuya aplicación fue suspendida por el propio Gobierno nacional bajo el argumento de que el Congreso no definió de dónde saldrán los recursos para financiarla.
La norma establece la actualización de aranceles de las prestaciones, la recomposición de las pensiones no contributivas y el fortalecimiento del sistema de talleres protegidos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que no reasignará partidas “hasta tanto se determine una fuente concreta de financiamiento”.
Desde los gremios y agrupaciones del sector señalan que el costo fiscal estimado —equivalente al 0,35% del PBI— “no justifica el abandono del sistema” y que el retraso en la aplicación “condena a la precariedad a miles de prestadores y familias en todo el país”.
Una crisis que se agrava
En Venado Tuerto, la postal se repite: terapeutas que no cobran desde hace meses, transportistas que dejaron de prestar servicios por falta de pago, y familias que deben rogar por la autorización de tratamientos o insumos básicos.
“Trabajamos con amor y vocación, pero también tenemos que vivir —expresó Di Bene—. Nos estamos preguntando cómo seguir, porque la situación es insostenible. No queremos abandonar nuestra tarea, pero el Estado nos está empujando a eso”.
El mensaje final de la concentración fue contundente: “No al recorte en discapacidad. No a la vulneración de derechos.”
Mientras la crisis se profundiza y el Gobierno nacional insiste en demorar la aplicación de la ley, las voces que reclaman en cada ciudad —como esta mañana en Venado Tuerto— siguen recordando que detrás de cada número hay una persona, una familia y un derecho que se está desmoronando.
Fotos: gentileza Radio Jota