A una semana de la resolución de la Cámara Penal de Rosario, el fiscal regional Matías Merlo insiste que la decisión de acudir a un juicio abreviado era “una solución integral” a la causa de la megaestafa inmobiliaria. En ese sentido, destacó que, de respetarse dicho acuerdo, se lograba una rápida condena de los implicados (con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas. “Ahora se va a dilatar todo y quedará un proceso abierto por años. Encima el cabecilla de la organización, Antonio Di Benedetto, fue liberado“, reflexionó.
Al respecto, cabe recordar que el viernes 12 de noviembre trascendió la decisión del tribunal rosarino que declaró nulo el juicio abreviado mediante el cual habían sido condenados seis personas en el marco de la megacausa inmobiliaria. Así los camaristas Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi emitieron un fallo en el que consideraron que, por la dimensión del delito y la magnitud del daño provocado a las víctimas, el abreviado no puede ser convalidado. Lo que implica que los acusados deberán ir a un juicio oral y público.
Vale aclarar que fue el propio Di Benedetto, quien en junio último decidió apelar el acuerdo, por manifestarse en contra de la calficación legal atribuida (jefe de la asociación ilicita) y en ese momento, Merlo ya advertía de que se trataba de una estrategia “para dilatar su ingreso a prisión”. Además, es inaudito que el mismo imputado apele un acuerdo que había firmado previamente.
“La Cámara tendría que haber negado la apelación, pero en lugar de eso deciden tumbar el abreviado, Es una decisión que no entiendo”, agregó el funcionario judicial que atendió a Venado24 en lo que será la nueva sede del Ministerio Público de la Acusación, en San Martín 650.
Resarcimiento a las víctimas
De todos modos, los argumentos de los magistrados fueron contundentes. Uno de ellos sostiene que es necesario preservar los derechos de las víctimas que casi no son resarcidas. Merlo, responde que esto no es así, “no tuvieron en cuenta que antes de firmar el abreviado citamos a las víctimas para que nos digan si estaban de acuerdo y nos manifestaron su aprobación. Y luego agregó: “Además, si se cerraba el caso ellos iban a poder recuperar sus bienes inmediatamente, ahora van a tener que esperar el juicio oral, que con suerte puede culminar a mitad del 2022. Después, seguramente, habrá otra apelación y así pasarán 4 o 5 años para que culmine todo”.
Penas insuficientes
Por otra parte, otro de los argumentos de la Cámara fue magnitud de las penas atribuidas en el abreviado al abogado Di Benedetto (seis años y seis meses de prisión efectiva) y a sus cómplices: (Raúl Jaime, 5 años de prisión; María de los Ángeles Sarría, 4 años de prisión efectiva; Luis Restovich, 4 años de prisión efectiva; Danisa Elisabet Pintos, 4 años de prisión efectiva; y a el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, 3 años de prisión condicional). Sanciones que les parecieron leves, a tal punto que el argumento central para no homologarlo fue la falta de correspondencia entre el perjuicio a las 62 víctimas en una de las mayores estafas inmobiliarias de la provincia y las penas con las que se cerró el juicio abreviado.
Sobre el tema, Merlo responde:“Quizás en el juicio oral y público logremos una pena mayor, pero también lo que es seguro es que todo se va a dilatar. Nuestro objetivo, con el cual las víctimas estaban de acuerdo, era darle una solución integral al tema lo antes posible. Y lo más importante, más allá de un año más o menos de prisión, era que ellos iban a poder recuperar los bienes en el corto plazo”.
Sin embargo, lo que los acusados no esperaron fue que la Cámara definió que solo podrán discutir las pruebas reunidas para condenarlos en un juicio oral y público, nunca en un nuevo abreviado.
La libertad de Di Benedetto
Lo cierto es que la decisión de la Cámara tuvo como primera consecuencia la inmediata liberación de Antonio Di Benedetto. Al reconocido abogado venadense, el lunes se le vencieron los plazos de prisión preventiva y ahora ya camina por las calles de la ciudad. Es más como el Colegio de Abogado no le quitó la matrícula (solo lo hacen cuando existe sentencia firme), puede volver a ejercer la profesión.
“El juicio abreviado era una solución más razonable. Di Benedetto estaría con prisión efectiva y las víctimas resarcidas. Lo nuestro era una solución más razonable e integral“, cerró diciendo Merlo. Mientras tanto, ya elevó a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) el pedido de la audiencia preliminar, paso previo al juicio oral y público.
El caso
La historia comenzó en agosto del 2017, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunció que detectó en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo.
De hecho, fue el entonces subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, quien presentó personalmente las denuncias respectivas ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Así la investigación quedó en manos del entonces fiscal (hoy camarista) Juan Pablo Lavini Rosset (luego fue tomada por Matías Merlo) y un par de meses después sumó su primer sorprendente capítulo, cuando un humilde vecino venadense (ver su casa particular en foto) Luis Celio Restovich ofreció a la Justicia restituir tres campos para intentar zafar de la prisión.
Restovich en abril de 2016 había concretado la compra fraudulenta de tres campos que sumaban 460 hectáreas, valuados en ese momento en 130 millones de pesos, que pertenecían Luis Néstor Ferrari, fallecido en 2003. Éste último no tenía herederos directos, ya que su esposa había muerto un año antes y además no tenía hijos. De esta manera, la complicada sucesión provocó una importante disputa entre los hermanos y sobrinos del propietario.
Por supuesto, pronto se dilucidó que Restovich (hoy condenado a 4 años de prisión) era en realidad el prestanombre de una organización ilícita integrada entre otros por abogados y escribanos de la zona. La investigación comprobó que el cabecilla de dicha banda era el reconocido abogado penalista venadense, Antonio Di Benedetto.
Posteriormente, se comprobaron decenas de maniobras realizadas por una estructura cuyos integrantes cumplían distintos roles y tareas para apropiarse de manera ilegal de casas y campos de personas ya fallecidas o de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podía reclamar. Todo esto quedó asentado en escuchas telefónicas, donde consta que esta práctica se desarrolló de manera sistemática durante años.
La banda según detalla la causa, se apropió de 32 propiedades que suman una valuación cercana a los 1.000 millones de pesos.
Por su parte, en abril último el juez de Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado a: el abogado Antonio Di Benedetto, signado como el cabecilla de banda (seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación por cinco años para ejercer su profesión, el cumplimiento de una reparación de daño a las víctimas por una cifra de $3.500.000 y el pago de las costas judiciales con un valor $1.500.000); el gestor, Raúl Jaime (5 años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (4 años de prisión efectiva); Luis Restovich (4 años de prisión efectiva); Danisa Elisabet Pintos (4 años de prisión efectiva); y a el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale (3 años de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño). Todo eso ahora quedó anulado.