“Tribunal, ustedes tienen la posibilidad de hacer justicia. Y hacer justicia es poner cada cosa en su lugar, que los delincuentes sean condenados por cada uno de los hechos ilícitos que fueron cometidos”, cerró diciendo el fiscal Matías Merlo en el su alegato final en la causa de la megaestafa inmobiliaria.
En una jornada que comenzó cerca de las 10 y culminó pasada las 14 en la sala de los tribunales de Venado Tuerto, Merlo solicitó importantes penas para los tres imputados que están enfrentando el juicio oral y público que comenzó el último 10 de mayo.
Así, para el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como cabeza de la asociación ilícita que realizó la estafa inmobiliaria, reclamó 16 años de prisión, una multa de $2.340.000 millones y la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la profesión como abogado. En tanto, para el gestor Raúl Jaime, solicitó 12 años de prisión, una multa de $1.160.000 y la incautación definitiva del dinero (US$ 2.030 y $434.000) secuestrado en allanamiento realizado en octubre del 2018. Y para Marcelo Sava, pidió seis años de prisión efectiva, una multa de $270.000 y la declaración reincidencia teniendo en cuenta una condena previa que tiene por robo calificado.
Asociación ilícita
La jornada comenzó con el reclamo del juez Leandro Martín (es el presidente del tribunal que integran además Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle) a los distintos actores para que no dilaten más las audiencias. De hecho, remarcó que ya hace cuatro meses que se están desarrollando el juicio y por distintos motivos varias jornadas se postergaron. “La semana que viene el juicio tiene que terminar”, dijo el magistrado.
De este modo, posterior a un breve debate los defensores, Ángelo Rossini (Antonio Di Benedetto), Silvia Couselo (Raúl Jaime) y Fernando Baiguera (Marcelo Sava) se comprometieron a cumplir con el cometido. Por lo tanto, el lunes y martes, Rossini realizará su alegato final (con posibilidades de extenderse al miércoles), y Couselo y Jaime lo harán entre el jueves y viernes.
Seguidamente, Merlo comenzó con su exposición donde hizo eje en las pruebas exhibidas en el largo del juicio que comprueban la existencia de la asociación ilícita.
“Acreditamos fehacientemente que Antonio Di Benedetto, Marcelo Sava y Raúl Jaime eran integrantes de una asociación ilícita. Cada uno de ellos cumplían un rol y a la vez sabían cuál era el del otro. Tenían conocimiento y voluntad de pertenecer a esa Asociación ilícita que se desarrolló por más de diez años”, manifestó.
Y siguió: “Dicha organización delictiva armada a los fines de afectar la fe pública era conducida por un abogado, quien utilizando sus conocimientos diagramó todo esto para tener provecho de los ilícitos”.
En tanto, cerró la primera parte de su alegato pidiéndole al Tribunal que “se declare penalmente responsable” a Sava y a Jaime como integrantes de dicha asociación ilícita, y a Di Benedetto por ser el jefe de la misma.
Cuantificación de penas
Por su parte, refiriéndose a la cuantificación de las penas peticionadas, Merlo hizo un repaso individual de las evidencias reunidas en contra de cada uno de los imputados.
Comenzó refiriéndose a Marcelo Sava, para quien le pidió seis años de prisión, más la declaración de reincidencia por haber estado condenado anteriormente en una causa de robo calificado (obtuvo la libertad condicional en el 2012).
En este sentido, justificó que existen evidencias suficientes para determinar que era integrante de una asociación ilícita que violaban la fe pública a los apropiarse de inmuebles. “No le interesó a Sava haber cumplido con anterioridad una condena por un hecho de robo calificado que a los tres años ya estaba delinquiendo igual”, sostuvo.
A su vez, acotó que no existen atenuantes para el imputado, ni presenta situación de vulnerabilidad, “tenía su propio medio de vida al ser comerciante”. Y tras cartón, concluyó que su único móvil para cometer los ilícitos fue “la avaricia desmedida”.
Con respecto a Raúl Jaime, a quien le pidió 12 años de prisión y una multa de $1.170.000, más el decomiso del dinero secuestrado en un allanamiento. Y aclaró, “si nosotros tuviéramos que pedir sin la limitación que impone el artículo 50 del Código Penal, le corresponderían desde 55 hasta 144 años de pena”.
Posteriormente, describió que: “En su rol de gestor aportaba documentos que necesitaba la estructura criminal. Y a su vez participaba de cada uno de estos hechos para quedarse con bienes”.
Además, adujó que “ A Jaime le iba bien como gestor, pero le iba mejor como integrante de la asociación ilícita porque si no nunca podía haber comprado diez bienes a partir del 2003”.
También argumentó que no existen atenuantes que determinen una posible prisión domiciliaria, a pesar de tener la mujer con problemas de salud. “Tiene otros familiares que se pueden hacer cargo de su mujer. Además, el delinquió entre el 2010 y el 2012 cuando ya conocía que su mujer tenía un problema de salud. ¿Le importó?: no. Por su avaricia siguió participando de la asociación ilícita”.
Por su parte, luego de recordar que a Di Benedetto como jefe de la asociación ilícita le solicita 16 años de prisión, más la multa de $2.340.000 y la inhabilitación por 10 años para ejercer la profesión, afirmó: “Por la escala penal le corresponderían entre 5 y 305 años de cárcel, pero teniendo en cuenta el límite su pena podría ser hasta de 50 años”.
Para luego, subrayar que en su caso existen todos los agravantes y ningún atenuante. “Uso sus conocimientos como abogado para organizar la estructura delictiva. Coordinó y llevó a cabo cada uno de los hechos ilícitos. En ese sentido violó la fe pública”, indicó. “¿Quién iba sospechar que un prestigioso abogado iba a comandar la estructura criminal?, se preguntó.
Y continuó: “El daño patrimonial que ocasionó a las víctimas es enorme, pero también es importante el daño a la fe pública que causó”. Además, reforzó: “También hizo un daño a la profesión de abogado, se valió de ese rol para organizar una estructura criminal para cometer ilícitos”.
“Señorías tenemos el típico ejemplo de una persona que se valió de sus conocimientos para cometer delitos. Y esto tiene que tener una condena ejemplar, porque no tiene ninguna atenuante. Y causó un grave perjuicio a la sociedad”, concluyó.
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