El próximo lunes por la mañana comenzará en sede de los Tribunales de Rosario la instancia de apelación de la causa de la megaestafa inmobiliaria. La Cámara de Apelaciones en los Penal de Rosario integrada por los magistrados: Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Gabriela Sansó, tendrán a su cargo la revisión del fallo que en primera instancia condenó a los tres acusados. Se prevé que la discusión de las condenas insumirá varios días de audiencias.
Al respecto, cabe recordar que el 12 de octubre del año pasado, luego de un maratónico juicio que duró cinco meses antes, el tribunal de primera instancia integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, dictaminó distintas penas para el abogado Antonio Di Benedetto (sindicado como la cabeza de la banda), el gestor Raúl Jaime y el comerciante Marcelo Sava. Así, el primero fue condenado a 12 años de prisión efectiva, más el pago de una multa de $2.340.000 e inhabilitación para ejercer la profesión por 10 años; para el segundo 10 años de prisión, más una multa de $1.160.000; y para el tercero 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $270.000.
Además, se dispuso la devolución a los legítimos propietarios de todos los bienes inmuebles birlados. Las escrituras públicas mediante las cuales los condenados se apropiaron de 18 inmuebles rurales y urbanos fueron declaradas falsas, lo que implica que esos documentos no tienen efecto.
Previamente, fiscal acusador, Matías Merlo había peticionado una pena levemente más alta para los acusados, esto es: 16 años para el abogado venadense, 12 para el gestor y 6 para el comerciante. De todos modos, el mismo Merlo, posterior al fallo manifestó su conformidad sobre lo decidido.
Solo para acreditar la magnitud de la causa, vale recordar que en primera instancia a Di Benedetto (sindicado como el jefe y organizado de la asociación ilícita) se le acreditaron: ciento tres (103) usos de documento falso, diez (10) falsedades ideológicas, ocho (8) estafas y dieciséis (16) tentativas de estafas, y la asociación ilícita.
Lo cierto es que por ahora las condenas no fueron ejecutadas y esta podría ser la primera revisión, la defensa declaró que en caso de volver obtener un fallo contrario en esta instancia insistiría con distintos recursos revocatorios.
Aunque, el fiscal acusador, Matias Merlo, adelantó a Venado24 que posterior a la decisión del tribunal de Apelación pedirá que la condena se ejecute.
Una causa con historia
La historia comenzó en agosto del 2017, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunció que detectó en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo (caso Ferrari).
Así las cosas, luego se destapó una serie de casos similares con un mismo patrón de procedimiento que se fueron sumando, a lo que se convirtió en la megaestafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina (el patrimonio estafado alcanza la cifra de veinte millones de dólares).
Ante la magnitud de la causa, el fiscal Matías Merlo (tomó el caso en junio del 2018 luego que el anterior fiscal, Juan Pablo Lavini Rosset ascendió a camarista) definió acordar un procedimiento abreviado con el objetivo de lograr una rápida condena de los implicados (con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas.
De esta forma, en los primeros días de abril del año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado para la mayoría de los acusados. Pero, luego fue el propio Di Benedetto (que el abreviado había logrado una pena mucho menor a la de hoy, seis años) definió dar marcha atrás y apelar lo que el mismo había previamente firmado, por manifestarse en contra de la calificación legal atribuida (jefe de la asociación ilícita). En ese momento, Merlo ya advertía de que se trataba de una estrategia “para dilatar su ingreso a prisión”
La historia continuó con la decisión que trascendió el viernes 12 de noviembre, donde un tribunal rosarino integrado por los camaristas: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, que declaró nulo el abreviado. Lo que implicó que los principales acusados (Di Benedetto y Jaime) fueran al juicio público cerrado hoy. Distinta es la situación de Sava, quien decidió no acordar el procedimiento abreviado desde un principio (no podía hacerlo porque tenía otra causa anterior) y su caso pasó directamente al juicio oral.
Otros 15 condenados
Además de los tres hombres a los que se les impusieron las penas en el juicio oral y público, fueron condenadas en juicios en los que se abreviaron los procedimientos otras 15 personas que integraban la asociación ilícita y cometieron las estafas inmobiliarias.
Los otros condenados son Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo, Adriana Karina Torres, Francisca Del Carmen Uncos, José Luis Mir y Marcelo Ariel Rodríguez.
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