Pasaron más de 6 años y cuatro meses de la primera denuncia. En el trayecto fallecieron varias de las víctimas. Hubo idas y vueltas judiciales, fueron más de cinco meses de juicio oral y público, similar lapso tardó la Cámara de Apelaciones de Rosario para dar a conocer el fallo. El caso se convirtió en la estafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina (calculan el valor de las propiedades birladas ilegalmente llegan a los 20 millones de dólares).
Lo cierto es que el último viernes se cerró un capítulo de la histórica causa con la detención efectiva de los dos principales implicados: el abogado venadense, Antonio Di Benedetto y el gestor rosarino, Raúl Jaime. Ambos, seguían libre a pesar del fallo de primera instancia que los había declarado culpable. Apelaron y la Cámara rosarina culminó confirmando lo decidido por el tribunal pluripersonal venadense integrado por Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
De nada le sirvió a Di Benedetto contratar caros abogados penalistas. Más allá de la labia desplegada por los hermanos Rossini finalmente la condena que recibió es más fuerte que la que había obtenido con el procedimiento abreviado, que era de seis años y seis meses de prisión efectiva. Ahora, la condena es de 12 años. Lo mismo sucedió con Jaime (aunque este fue patrocinado por la defensa pública), quien en el abreviado había convenido una pena de 5 años y ahora recibió 10.
Diferente fue lo que ocurrió con Marcelo Sava, el tercero de los acusados, quien no había formado parte del Abreviado por ser reincidente, y a pesar de tener un abogado local con menos pergaminos, Fernando Baiguera, logró que le bajaran la pena de 3 años y 6 meses de prisión que le otorgaron a 1 año y 6 meses en segunda. Esta decisión, le permitió quedar libre bajo estrictas medidas de conductas.
En los fundamentos del fallo la Cámara de Apelaciones, y en la posterior sentencia sostenida por el Tribunal venadense en la audiencia cautelar, se hizo especial eje el abuso del derecho llevado a cabo por los imputados al apelar el procedimiento abreviado acordado. Es más, justificaron este argumento manifestando que el principal imputado es abogado penalista y con su decisión fue contra los mismos preceptos de su profesión.
El comienzo de la historia
La historia comenzó en agosto del 2017, cuando desde Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunciaron que detectaron en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo (caso Ferrari).
El primer fiscal fue Juan Pablo Lavini Rosset (hoy camarista) quien adelantó apenas trascendió la información que detrás de la presunta estafa aparecían profesionales de Venado Tuerto y de otras localidades.
Pocos meses después del comienzo de la investigación, el prestanombre que había adquirido los tres campos que completan 460 hectáreas del Luis Néstor Ferrari (fallecido en 2003), Luis Celio Restovich definió devolver los bienes.
Claro que, Restovich era un humilde vecino venadense (en esos días trascendió la fachada de su precaria vivienda en medios santafesinos) que oficiaba de prestanombre de una banda comandada por Di Benedetto que aprovechó la oportunidad otorgada en una disputa familiar por la herencia para alzarse con las propiedades. Es que Ferrari falleció en el 2003 y su esposa lo había hecho un año antes, ambos no tenían hijos, esto provocó una disputa legal por la herencia entre sobrinos y hermanos del hacendado.
Ahí apareció Di Benedetto, ya que fue elegido como abogado por uno de los familiares que pretendía heredar los bienes. El profesional venadense vislumbró la oportunidad y urgió la maniobra, fraguó un poder que le otorgaba a Restovich la posibilidad de vender y comprar al mismo tiempo. Este se autovendió los tres campos y preparaba una nueva transferencia. Pero, la abogada y administradora de la sucesión, Lea Silvia Kreimer, detectó la irregularidad y comenzó a desandar el camino burocrático. Ella fue en realidad la que realizó la primera presentación legal, en octubre del 2016 informó la irregularidad al Juzgado Civil de Venado Tuerto. Dicha presentación llegó en manos del entonces subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, realizó una doble demanda ante Fiscalía de Rosario por esa estafa de los campos y por otra vinculada a inmuebles. Comparó el modus operandi con la megacausa que se tramitaba en Rosario y ahí comenzó la larga investigación.
Lo cierto es que esto culminó destapando una serie de casos similares con un mismo patrón de procedimiento que se fueron sumando, a lo que se convirtió en la megaestafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina. El abogado venadense era quien pergeñaba las maniobras, acompañados por un par de escribanos, especialistas contables, otros abogados, médico y diversos prestanombres. Jaime, un hábil gestor con fácil acceso al registro de propiedades provincial, de donde obtenía datos de inmuebles rurales y urbanos, flojos de papeles o en disputa legal.
Ante la magnitud de la causa, el fiscal Matías Merlo (tomó el caso en junio del 2018 luego que el anterior fiscal, Juan Pablo Lavini Rosset ascendió a camarista) definió acordar un procedimiento abreviado con el objetivo de lograr una rápida condena de los implicados (con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas.
De esta forma, en los primeros días de abril del 2021 el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado para 18 acusados. Pero, luego fue el propio Di Benedetto (que el abreviado había logrado una pena mucho menor a la de hoy, seis años) definió dar marcha atrás y apelar lo que el mismo había previamente firmado, por manifestarse en contra de la calificación legal atribuida (jefe de la asociación ilícita). Lo mismo hizo Jaime. Mientras, Sava había quedado afuera del acuerdo, ya que al ser reincidente no podía obtener el beneficio del abreviado.
En ese momento, Merlo advertía de que se trataba de una estrategia del abogado venadense “para dilatar su ingreso a prisión”
La historia continuó con la decisión que trascendió el viernes 12 de noviembre del mismo año, donde un tribunal rosarino integrado por los camaristas: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, declaró nulo el abreviado. Lo que implicó que los acusados culminarán enfrentando el juicio oral y público que tuvo su primera audiencia el 10 de mayo del 2022.
Así, después de maratónicas audiencias, el 12 de octubre del mismo año, el tribunal de primera instancia integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, impusieron condenas para los tres imputados.
Pero, dicha condena fue apelada por la defensa y recién el viernes quedó firme con la decisión de la Cámara de Apelaciones refrendada en la posterior cautelar. Por su puesto, todavía existen opciones de apelación. Claro que, la diferencia es que ambos acusados mientras tanto permanecerán tras las rejas.
Culpables
Un nuevo capítulo de la historia cerró este viernes cuando el tribunal de jueces integrados por Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, sentenció que Antonio Di Benedetto y Raúl Jaime deberán continuar en prisión efectiva.
Uno de los datos salientes de esta nueva instancia fue la primera aceptación explícita por parte de los defensores y uno de los propios acusados de su propia culpabilidad. Jaime solicitó hablar y sollozando pidió perdón. En tanto, los abogados de Di Benedetto en la ocasión reclamaron por la prisión domiciliaria de su defendido y hasta ofrecieron la posibilidad que le coloquen una tobillera electrónica. Lejos quedaron aquellas declaraciones de Di Benedetto donde se dijo víctima lawfare, culpando al poder político y al periodismo “adicto”.
De todos modos, como ya sostuvimos alguna vez, la situación personal de los ahora condenados sigue siendo insignificante. Lo que sí es “significante” es que la Justicia avance sobre estos tipos de delitos, que son tan o más gravosos que “los comunes” que todos los días ocupan importante espacio en los medios de comunicación.
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