Con un atraso considerable en el horario estimado previamente, hoy pasado el mediodía se desarrolló en la Sala 1 de los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia preliminar correspondiente a la segunda etapa del juicio por la denominada “Megaestafa Inmobiliaria”, una de las causas penales más relevantes de los últimos años en Santa Fe. Este proceso involucra a los acusados, el abogado, Antonio Di Benedetto (condenado a 12 años de prisión y hoy detenido en la Unidad Penitenciaria de Piñero por la primera etapa de la megaestafa); el gestor, Rául Jaime (que fue condenado a 10 años de prisiónlogró el beneficio de la domiciliaria el último 12 de julio); Marcelo Sava (el 10 de noviembre del año pasado le otorgaron la libertad bajo estrictas reglas de conducta por el anterior caso) y Roberto Nadalini (nuevo imputado).
En esta nueva acusación en el marco de la denominada megaestafa inmobiliaria 2, Merlo pide juzgar a Di Benedetto por los delitos de jefe de la Asociación ilícita, coautor de estafa en grado de tentativa en concurso real en 31 casos y falsedad ideológica en tres; a Nadalini lo acusa de ser participe de la asociación ilícita y coautor de estafa en grado de tentativa en concurso real en 18 casos y falsedad ideológica en uno; a Jaime de presunto autor de estafas en carácter de coautor en dos de los casos, y a Sava de estafa y tentativa de estafa en un caso.
El juez a cargo de esta instancia es Mauricio Clavero, mientras que la representación fiscal recayó en Mayra Vuletic, quien reemplaza a Matías Merlo. La defensa estuvo encabezada por Lucio Rossini (en representación de Di Benedetto), la Defensora Pública Silvia Couselo (por Nadalini y Jaime) y Fernando Baiguera (en el caso de Sava).
La audiencia
Lo cierto es que en la audiencia de hoy, la fiscal Vuletic expuso en detalle los cargos contra los imputados, solicitando las siguientes penas:
- Antonio Di Benedetto : 14 años de prisión como jefe de una asociación ilícita y coautor de múltiples estafas.
- Roberto Nadalini : 7 años de prisión por su rol como partícipe de la asociación ilícita y coautor de 18 casos de estafa.
- Marcelo Sava : 1 año y medio por un caso de estafa y tentativa de estafa.
- Raúl Jaime : 3 años como coautor en dos casos de estafa.
La audiencia, que se extendió por más de tres horas, comenzó con un planteo del abogado defensor Lucio Rossini, quien cuestionó la demora en el inicio. Sin embargo, la fiscal Vuletic defendió que el retraso se debía a compromisos previos de la Fiscalía, subrayando que no existía motivo alguno para suspenderla. Rossini interpretó los comentarios de la fiscal como intimidatorios, pero Vuletic desestimó esta interpretación, destacando que las decisiones sobre el desarrollo de la audiencia recaen exclusivamente en el juez. De hecho, fue Clavero quien resolvió continuar con la audiencia
Por otra parte, luego de despejada la polémica, se dio paso a la presentación de controversias, y Rossini argumentó la prescripción de las causas imputadas a su cliente, pero la Fiscalía sostuvo que la interrupción de los plazos de prescripción ocurrió en 2021, momento en el cual se realizó la primera imputación formal por los hechos ahora incluidos en este nuevo bloque. Este tema fue señalado como una de las cuestiones más relevantes a resolver por el juez.
Por otro lado, el abogado Fernando Baiguera, defensor de Sava, cuestionó una pericia caligráfica clave en la causa, calificándola de inválida. Sin embargo, la Fiscalía respondió que dicha controversia deberá resolverse en el juicio oral, una vez que se produzca toda la prueba.
Finalmente, la defensora pública Silvia Couselo, representante de Jaime y Nadalini, propuso un cuarto intermedio para explorar posibles salidas alternativas al juicio. Sin embargo, esta moción fue rechazada por la Fiscalía y las demás partes, debido a los plazos legales establecidos por la reciente reforma de la ley 14.253.
El juez Mauricio Clavero tiene ahora un plazo de 10 días hábiles para resolver los planteos realizados durante la audiencia. Si las decisiones favorecen a la Fiscalía, el caso se elevará a juicio una vez que se agoten las instancias de apelación.