El juez de Cámara Tomás Orso resolvió este lunes conceder el recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mayra Vuletic contra su propio fallo que declaró prescripta la acción penal en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria 2. La decisión abre la instancia para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe defina si el proceso continúa o si se mantiene el sobreseimiento de los imputados.
La resolución firmada el 18 de agosto dispone que el máximo tribunal provincial revise el planteo de la Fiscalía, que cuestiona el criterio de prescripción aplicado por Orso. En su recurso, Vuletic argumentó que la audiencia imputativa realizada en 2021 y la ampliación de 2024 interrumpieron los plazos legales, algo que el camarista desestimó en su sentencia del 7 de julio.
El trasfondo de la polémica
El fallo original de Orso generó una fuerte reacción pública. El fiscal regional Matías Merlo fue el primero en advertir que la decisión “beneficia a los imputados y perjudica a decenas de víctimas”, y anticipó la presentación de recursos para evitar la impunidad.
A estas críticas se sumó el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien señaló que la resolución “es un retroceso para la Justicia y un golpe a la confianza de las víctimas”. Chiarella publicó un mensaje en redes sociales apuntando directamente contra Orso, lo que desató un inusual cruce entre el poder político y el judicial.
La diputada provincial Rosana Bellatti también manifestó su rechazo al fallo, advirtiendo que “sienta un precedente peligrosísimo” porque deja la puerta abierta a que delitos complejos prescriban sin llegar a juicio.
En respuesta a esta oleada de críticas, el propio Orso salió a defenderse en entrevistas con Venado24. Allí sostuvo que “la acción penal estaba muerta” y que “los jueces debemos ser coherentes con nuestros precedentes”. Incluso admitió que el fallo “es un mal síntoma para la sociedad”, pero afirmó que su deber era aplicar la ley con consistencia, aunque el resultado no fuera el más deseado desde lo social.
En manos de la Corte
Con esta última resolución, Orso habilita formalmente a la Corte Suprema santafesina a revisar su decisión. Será el máximo tribunal provincial el que determine si confirma la prescripción de la acción penal o si revoca el sobreseimiento y permite que la causa avance a juicio oral, como había dispuesto originalmente el juez de primera instancia Mauricio Clavero.
La Megaestafa Inmobiliaria 2 es una derivación directa del primer expediente por el cual Antonio Di Benedetto ya fue condenado en 2022 a 12 años de prisión por liderar una asociación ilícita que defraudó por más de 20 millones de dólares. El nuevo legajo reunía decenas de denuncias posteriores, presentadas por nuevas víctimas tras conocerse la condena original e incluye a Raúl Jaime y Marcelo Sava (ambos también recibieron distintas condenas por la primera etapa de la causa) y Roberto Aurelio Nadalini.
La Corte tiene ahora la última palabra en un expediente que combina el reclamo de las víctimas, el debate jurídico sobre los plazos de prescripción y un fuerte componente de presión política e institucional.