El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, emitió su dictamen en el marco del recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mayra Vuletic contra la resolución del juez de Cámara Tomás Orso, que había declarado prescripta la acción penal en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria 2.
En su dictamen, Barraguirre se pronunció a favor de que el máximo tribunal provincial admita y trate el recurso interpuesto por la Fiscalía, al considerar que la interpretación sostenida por Vuletic —según la cual la audiencia imputativa interrumpe los plazos de prescripción penal— es jurídicamente atendible y se corresponde con los criterios vigentes en la jurisprudencia santafesina.

De este modo, el procurador dio razón a los argumentos de la acusación, que habían sido desestimados por el camarista Orso en su fallo del 7 de julio pasado. Aquella resolución había beneficiado con el sobreseimiento a Antonio Di Benedetto, Raúl Jaime yMarcelo Sava, y sólo mantenía abierta la investigación contra Roberto Aurelio Nadalini por el delito de asociación ilícita.
La fiscal Vuletic había advertido entonces que el fallo “perjudicó a decenas de víctimas y atentó contra el sentido de justicia”, generando “un verdadero estado de impunidad”. Su planteo ante la Corte buscó revertir esa decisión, argumentando que tanto la imputación de marzo de 2021 como la ampliación de 2024 fueron actos procesales válidos para interrumpir los plazos legales.
Por su parte, el juez Orso defendió públicamente su interpretación, señalando que la acción penal “estaba muerta” y que la única actuación capaz de interrumpir la prescripción era el requerimiento de acusación, no la audiencia imputativa. Esa posición fue ampliamente cuestionada por el Ministerio Público de la Acusación y por referentes políticos e institucionales de Venado Tuerto, entre ellos el fiscal regional Matías Merlo y el intendente Leonel Chiarella, quienes consideraron que la resolución “benefició a los imputados y afectó la confianza de las víctimas”.
Con el dictamen de Barraguirre, el expediente dio un paso clave.A su vez, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decretó el pase a fallo, lo que significa que la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta en los próximos días. Si el tribunal convalida la postura de la Fiscalía, el sobreseimiento podría quedar sin efecto y el proceso judicial reactivarse para avanzar hacia el juicio oral, como había dispuesto originalmente el juez de primera instancia Mauricio Clavero.
Desde la Fiscalía calificaron el dictamen del procurador como “una señal positiva” y se mostraron expectantes ante la inminente decisión del máximo tribunal.
La Megaestafa Inmobiliaria 2 es una derivación directa del expediente por el cual Di Benedetto fue condenado en 2022 a 12 años de prisión por liderar una organización que defraudó por más de 20 millones de dólares mediante la venta fraudulenta de terrenos. El nuevo legajo reúne decenas de denuncias posteriores presentadas por nuevas víctimas y se convirtió en uno de los casos de mayor impacto judicial y social de la región en los últimos años.








