Dos días después de la frustrada audiencia en la que debía comenzar a cumplir la condena de un año y seis meses de prisión, el comerciante venadense Marcelo Sava continúa sin presentarse ante la Justicia y fue declarado prófugo.
Tras su incomparecencia en la audiencia realizada en los Tribunales de Venado Tuerto, la fiscal Mayra Vuletic solicitó la declaración de rebeldía, planteo que derivó en la emisión de una orden de captura y detención para que el condenado sea alojado en una unidad penitenciaria y comience a cumplir la pena que le fue impuesta en la denominada Megaestafa Inmobiliaria 1.
Por el momento, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que no existen pistas firmes sobre el lugar donde se encuentra Sava, por lo que el pedido de captura permanece vigente.
Un dato que refleja la incertidumbre sobre su paradero es que ni siquiera su propio abogado defensor, Fernando Baiguera, pudo aportar información. El letrado confirmó que no volvió a mantener ningún tipo de comunicación con su cliente desde la audiencia en la que debía notificársele el inicio del cumplimiento de la condena y manifestó desconocer dónde se encuentra.
Una audiencia que terminó con un pedido de captura
El pasado martes, Sava debía presentarse personalmente en la sala de audiencias de los Tribunales venadenses para ser notificado de que, al haberse agotado todas las instancias recursivas, correspondía la ejecución de la pena de prisión efectiva. Sin embargo, nunca llegó al edificio judicial.
Durante esa audiencia, Baiguera explicó que la ausencia obedecía a problemas de comunicación, ya que la notificación le habría llegado a Sava apenas unos días antes. Además, sostuvo que existía un entendimiento para que participara de manera virtual debido a cuestiones laborales.
Tanto la fiscal Vuletic como el tribunal rechazaron ese planteo al considerar que la naturaleza de la audiencia exigía la presencia física del condenado, ya que el objetivo era comunicarle formalmente que debía quedar detenido desde ese mismo momento.
Ante la incomparecencia, la Fiscalía pidió inmediatamente que fuera declarado en rebeldía y se librara la correspondiente orden de captura.
El único que permanecía en libertad
La situación representa un fuerte cambio respecto de lo ocurrido en noviembre de 2023.
En aquel momento, Sava fue el único de los tres principales condenados que pudo continuar en libertad, ya que los camaristas redujeron su pena de tres años y seis meses a un año y seis meses de prisión efectiva.
Esa modificación permitió que, en una audiencia cautelar posterior, el entonces fiscal Matías Merlo solicitara para Sava únicamente reglas de conducta y medidas coercitivas no privativas de la libertad, pedido que fue aceptado por el tribunal. Desde entonces permaneció excarcelado, con la obligación de cumplir distintas condiciones impuestas por la Justicia.
La situación cambió ahora, cuando la sentencia quedó firme tras agotarse todos los recursos extraordinarios. Fue entonces cuando la fiscal Vuletic promovió la ejecución de la pena y requirió que el condenado comenzara a cumplirla de manera efectiva.
La causa que marcó un precedente
La denominada Megaestafa Inmobiliaria 1 es considerada una de las investigaciones por delitos económicos más importantes de la historia de Santa Fe.
La causa se inició en 2017, luego de detectarse una serie de maniobras destinadas a apropiarse ilegalmente de inmuebles rurales y urbanos mediante documentación falsa. La investigación terminó acreditando una organización que concretó estafas sobre 18 propiedades, valuadas en alrededor de 20 millones de dólares, además de múltiples tentativas frustradas.
En octubre de 2022, tras un juicio oral de varios meses, el tribunal integrado por Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle condenó al abogado Antonio Di Benedetto a 12 años de prisión como jefe de la asociación ilícita (luego en una segunda instancia le bajaron la pena a 11 años); al gestor rosarino Raúl Jaime a 10 años; y a Marcelo Sava a tres años y seis meses.
Un año más tarde, la Cámara de Apelaciones confirmó las responsabilidades penales, aunque redujo la condena de Sava a un año y seis meses.
La situación actual de los condenados
Hoy, la situación de los tres principales condenados es diferente. Antonio Di Benedetto continúa alojado en la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde cumple la condena de 12 años de prisión.
Raúl Jaime, en tanto, obtuvo en febrero de 2024 el beneficio de la prisión domiciliaria, concedido por el juez de Segunda Instancia Tomás Orso, quien ponderó el delicado estado de salud de su esposa.
Sava, que hasta hace pocos días era el único de los tres que permanecía en libertad, ahora pasó a integrar el listado de personas buscadas por la Justicia. Mientras la orden de captura continúa vigente, las autoridades reconocen que hasta el momento no existe información concreta sobre su paradero.
También imputado en la Megaestafa Inmobiliaria 2
La situación judicial de Sava no se limita a la causa por la que ahora fue declarado prófugo. El comerciante también integra el grupo de imputados de la denominada Megaestafa Inmobiliaria 2, expediente que surgió como una derivación de la investigación principal y que reúne nuevas denuncias por presuntas maniobras fraudulentas con inmuebles.
En ese legajo, la fiscal Mayra Vuletic lo acusa por un hecho de estafa y tentativa de estafa, para el que solicitó una pena de un año y seis meses de prisión. La acusación también alcanza a Antonio Di Benedetto, señalado nuevamente como jefe de la asociación ilícita y para quien se requirieron 14 años de prisión; a Roberto Nadalini, con un pedido de siete años; y a Raúl Jaime, para quien la Fiscalía solicitó tres años.
Sin embargo, el avance de ese proceso quedó momentáneamente suspendido. La causa se encuentra en un impasse a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Fiscalía contra el fallo del juez de Cámara Tomás Orso, quien había declarado prescripta la acción penal y sobreseído a Di Benedetto, Jaime y Sava, manteniendo imputado únicamente a Nadalini por el delito de asociación ilícita.
El procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, ya emitió un dictamen favorable a la postura de la Fiscalía al sostener que la audiencia imputativa interrumpió los plazos de prescripción, por lo que recomendó al máximo tribunal revisar la resolución de Orso. La decisión definitiva de la Corte será la que determine si la Megaestafa Inmobiliaria 2 avanza finalmente hacia el juicio oral o si queda firme la declaración de prescripción. A pesar de ello, el máximo tribunal de justicia de la provincia todavía no emitió el fallo. Cabe recordar que, durante una visita institucional a Venado Tuerto, en octubre de 2025, su presidente, Roberto Héctor Falistocco, había estimado que la resolución se conocería “en un plazo razonable de unos cinco meses“.