El último martes llegó casi en silencio a nuestra región el Fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini quien mantuvo reuniones en las sedes del MPA de Melincue y Venado Tuerto. El día posterior se conoció formalmente la designación provisoria de Matías Merlo como Fiscal Regional reemplazante de la Tercera Circunscripción Judicial.
De hecho en el comunicado oficial aclaran que la designación de Merlo es por tres meses y que en todo caso “se renovará o se llevará a cabo una rotación entre las/los fiscales de la Tercera Circunscripción Judicial, hasta tanto se provea la cobertura definitiva de la vacante a través del concurso que aún no ha finalizado”.
Lo cierto es que Merlo fue designado por tres meses a raíz de que el lunes de esta semana finalizó la gestión del controvertido Alejandro Sinópoli como Fiscal Regional, labor que desempeñó desde el 15 de diciembre de 2014.
¿Por qué Merlo?
La elección de Merlo en primera instancia está basada en una lógica burocrática, ya que es el fiscal regional titular con más años de antigüedad. Aunque a esta condición hay que agregar que también tiene en sus manos los casos más resonantes de la región, entre ellos la megaestafa inmobiliaria (en marzo se realizará el juicio oral y público) y el del juego clandestino que hoy tiene a la provincia en vilo.
De todos modos, por ahora la asunción del actual fiscal de Melincué como el titular de la Regional será temporaria debido que está vigente el concurso para el cargo. Pero, además, por si acaso, Baclini detalló que si el concurso se dilata aún más, luego de tres meses se guarda la opción de renovar o nombrar otro fiscal de manera provisional en el cargo.
Al respecto, cabe recordar que son varios los inscriptos en dicho concurso, entre ellos figura el actual secretario de Gestión Social de la Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna. Éste último está esperando que se resuelva el veto realizado por el gobernador Omar Perotti a la ley votada en la legislatura provincial que establece incompatibilidades entre cargos del Poder Ejecutivo y de organismos de control o investigación. Así en el medio de la tensión política posterior al pedido de desafuero al senador del PJ Armando Traferri por su presunta vinculación con el juego clandestino, las dos cámaras tendrán que decidir si aceptan o rechazan el veto (para esto último se necesitan dos tercios de los votos).